-2CONSIDERANDO QUE:
1.
En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus
decisiones6 la Corte ha venido considerando la ejecución de las Sentencias emitidas en estos
tres casos desde el momento de su emisión (supra Visto 1). De tal forma, en los referidos
casos quedan pendientes de cumplimiento medidas de medidas de restitución 7 ,
rehabilitación 8 , satisfacción 9 , garantías de no repetición 10 , ordenadas en las respectivas
Sentencias. Igualmente, se encuentran pendientes de cumplimiento la obligación de
investigar los hechos que generaron responsabilidad estatal en el caso Uzcátegui y otros11,
así como el pago de montos dispuestos en las Sentencias de estos tres casos por concepto
de indemnizaciones de los daños materiales e inmateriales y por reintegro de costas y
gastos12.
2.
La Corte hace notar que, en los puntos resolutivos de las Sentencias de estos tres
casos, determinó que el Estado debía rendir dentro del plazo de un año, contado a partir de
la notificación de las respectivas Sentencias, un informe sobre las medidas adoptadas para
cumplir con lo dispuesto en las mismas13. El Estado no presentó los informes requeridos en
ninguno de estos casos 14 . Por esta razón, se le reiteró la solicitud de remisión de los
respectivos informes (supra Vistos 2, 3 y 4). En el caso Chocrón Chocrón han transcurrido
tres años y tres meses desde el vencimiento del plazo de un año dispuesto en la Sentencia
y se ha reiterado al Estado en tres ocasiones que presente el informe requerido (supra Visto
2). En el caso Díaz Peña han transcurrido dos años y cuatro meses desde el vencimiento del
plazo de un año dispuesto en la Sentencia y se ha reiterado al Estado en una ocasión que
presente el informe (supra Visto 3). En el caso Uzcátegui y otros han transcurrido dos años
y un mes desde el vencimiento del plazo de un año dispuesto en la Sentencia y se ha
reiterado al Estado en una ocasión que presente el informe (supra Visto 4). Venezuela no
cumplió con los requerimientos realizados (supra Vistos 2, 3 y 4). Tampoco se han recibido
6

Facultad que además se desprende de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención
Americana y 30 de su Estatuto y se encuentra regulada en el artículo 69 de su Reglamento.
7
En el caso Chocrón Chocrón, la Corte ordenó al Estado “reincorporar a [la víctima,] la señora [Mercedes]
Chocrón Chocrón a un cargo similar al que desempeñaba [como jueza temporal], con la misma remuneración,
beneficios sociales y rango equiparables a los que le corresponderían […] si hubiera sido reincorporada en su
oportunidad”. Además, la Corte dispuso que, “si por motivos ajenos a la voluntad de la víctima, el Estado no
pudiese reincorporar[la] al Poder Judicial, deberá pagarle una indemnización [de] US$30.000,00”. Cfr. Caso
Chocrón Chocrón, supra, párrs. 153 y 154 y punto resolutivo séptimo.
8
En el caso Uzcátegui y otros, se ordenó al Estado “brindar atención médica y psicológica y gratuita, de
forma inmediata, adecuada y efectiva a las víctimas [del caso] que así lo soliciten”. Cfr. Caso Uzcátegui y otros,
supra, párrs. 253 y 254 y punto resolutivo tercero.
9
En los tres casos se ordenaron medidas de publicación y difusión de las respectivas Sentencias Cfr. Caso
Chocrón Chocrón, supra, párr. 158 y punto resolutivo noveno; Caso Díaz Peña, supra, párr. 153 y punto resolutivo
quinto, y Caso Uzcátegui y otros, supra, párr. 256 y punto resolutivo cuarto.
10
En los casos Chocrón Chocrón y Díaz Peña se ordenó la adopción de medidas de derecho interno. En el
caso Chocrón Chocrón se ordenó al Estado “adecuar la legislación, resoluciones y reglamentos internos emitidos
como parte de la reestructuración judicial en Venezuela con los estándares internacionales en la materia y de la
Convención”, lo cual “implica la modificación de las normas o prácticas que consideran de libre remoción a los
jueces provisorios o temporales y el respeto pleno de las garantías judiciales y demás derechos para este tipo de
jueces”. En el caso Díaz Peña ordenó al Estado “adoptar […] las medidas necesarias para que las condiciones de
detención [del actual] Servicio Bolivariano de Inteligencia […] se adecuen a los estándares relativos a la materia”.
Cfr. Caso Chocrón Chocrón, supra, párrs. 162 y 172 y punto resolutivo octavo, y Caso Díaz Peña, supra, párr. 154
y punto resolutivo sexto.
11
Cfr. Caso Uzcátegui y otros, supra, párrs. 248 a 250 y punto resolutivo segundo.
12
Cfr. Caso Chocrón Chocrón, supra, párrs. 184, 191 y 198 y punto resolutivo décimo; Caso Díaz Peña,
supra, párrs. 161, 167 y 172 y punto resolutivo séptimo, y Caso Uzcátegui y otros, supra, párrs. 278, 279, 281,
285 y 287 y punto resolutivo quinto.
13
Cfr. Caso Chocrón Chocrón, supra, punto resolutivo décimo segundo; Caso Díaz Peña, supra, punto
resolutivo octavo, y Caso Uzcátegui y otros, supra, punto resolutivo sexto.
14
Los plazos para que el Estado presentara los informes sobre cumplimiento requeridos en dichas
Sentencias vencieron: (i) en el caso Chocrón Chocrón el 20 de agosto de 2012; (ii) en el caso Díaz Peña el 27 de
julio de 2013; y (iii) en el caso Uzcátegui y otros el 13 de octubre de 2013.

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