El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 23 de junio de 1977 y aceptó la
competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981. El Estado denunció la Convención Americana el 10 de
septiembre de 2012. Los hechos del presente caso, en su mayoría, tuvieron lugar antes del 10 de septiembre de
2013, fecha en que entró en vigencia la denuncia de la Convención Americana.
La Comisión ha designado al Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli y al Secretario Ejecutivo Paulo
Abrão como sus delegados. Asimismo, Silvia Serrano Guzmán y Analía Banfi, abogadas de la Secretaría Ejecutiva de
la CIDH, actuarán como asesoras legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia
del Informe de Fondo No. 118/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la
totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del
informe 118/18 (Anexos). Dicho Informe de Fondo fue notificado al Estado de Venezuela mediante comunicación de
31 de octubre de 2018, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las
recomendaciones. El Estado presentó un escrito indicando que se encontraba en conversaciones con los
representantes para realizar una reunión con el objeto de abordar el cumplimiento de las recomendaciones del
Informe de Fondo, motivo por el cual la CIDH concedió una prórroga de dos meses solicitada por el Estado. No
obstante, con posterioridad a dicha prórroga el Estado no ha enviado información alguna sobre el cumplimiento con
las recomendaciones ni ha efectuado una nueva solicitud de prórroga, en los términos requeridos por el Reglamento
de la CIDH.
En consecuencia, la Comisión resolvió someter el presente caso a la Corte Interamericana ante la necesidad
de obtención de justicia y reparación para las víctimas del caso. La Comisión somete a la Corte Interamericana la
totalidad de los hechos y violaciones que se establecen en el Informe de Fondo No. 118/18 que tuvieron lugar con
anterioridad a la entrada en vigencia de la denuncia de la Convención Americana.
La Comisión Interamericana solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado de Venezuela
violó los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en
relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 19 del mismo instrumento.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que ordene al Estado de Venezuela:
1.
Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe tanto en el
aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción.
2.
Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de los
familiares de los jóvenes fallecidos, de ser su voluntad y de manera concertada.
3.
Continuar la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con
el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las
sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe.
4.
Disponer mecanismos de no repetición que incluyan todas las medidas necesarias para erradicar
los múltiples factores de riesgo identificados en el informe de fondo, tanto en materia de infraestructura, control
efectivo, atención a situaciones de emergencia, eliminación del hacinamiento, separación y estricto cumplimiento
de los programas de resocialización de los adolescentes que se encuentran privados de libertad en el INAM-San Félix.
Además de la necesidad de obtención de justicia y reparación por la falta de cumplimiento de las
recomendaciones del informe de fondo, la Comisión considera que el caso presenta cuestiones de orden público
interamericano. Específicamente, el presente caso le permitirá a la Honorable Corte desarrollar y consolidar su
jurisprudencia respecto a las obligaciones de los Estados como consecuencia de su posición especial de garante de
los derechos de las personas privadas de libertad y, en particular, el alcance y contenido del deber de garantía en
materia de prevención tanto de actos de violencia como de otras situaciones que puedan poner en riesgo la vida e
2

Select target paragraph3