24 de mayo de 2019
REF.:

Caso Nº 12.805
Jimmy Guerrero, Ramón Molina y familiares
Venezuela

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el Caso Nº 12.805 – Jimmy Guerrero, Ramón Molina y familiares respecto de la República
Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado”, “el Estado venezolano” o “Venezuela”).
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las ejecuciones
extrajudiciales de Jimmy Guerrero y, su tío, Ramón Molina, ocurridas el 29 de marzo de 2003 por parte de
funcionarios de la Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón en Venezuela. La Comisión tomó nota de
dos versiones existentes sobre los hechos. La versión del Estado según la cual la muerte de las víctimas se
trató de un ajuste de cuentas ejecutado por terceras personas, ocurrido por su supuesta participación en
hechos criminales. Por su parte, la versión de la familia y testigos que indica que la muerte de Jimmy
Guerrero fue una ejecución extrajudicial cometida por agentes de seguridad del Estado.
La Comisión Interamericana encontró que existe un contexto de ejecuciones extrajudiciales
dirigidas en contra de hombres jóvenes, de bajos recursos económicos y de barrios populares, llevadas a
cabo bajo un modus operandi específico, que ocurría en el Estado Falcón en la época de los hechos del caso
y que ha sido establecido previamente por la CIDH y la Corte. Asimismo, tomando en consideración, las
amenazas, agresiones y detenciones policiales experimentadas por Jimmy Guerrero, así como la existencia
de medidas de protección solicitadas por la Defensoría del Pueblo, sumado al contexto de violencia Policial
en Falcón, y los indicios de participación de agentes estatales a través del modus operandi en que ocurrieron
los hechos, la Comisión atribuyó al Estado venezolano tanto la muerte de Jimmy Guerrero, como la muerte
colateral de su tío Ramón Molina. Asimismo, la CIDH encontró que en ambos casos, las dos víctimas
experimentaron situaciones de profundo miedo antes de sus ejecuciones por lo que consideró que se
configuró la violación del derecho a la integridad. Finalmente, en el caso de Jimmy Guerrero, dado el
ensañamiento que hubo contra su cuerpo, el arrastre por un vehículo por varios metros sobre el pavimento
y el abandono de su cuerpo en un lugar circundante, la CIDH concluyó que el Estado vulneró su obligación
de investigar posibles hechos de tortura.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000
San José, Costa Rica

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