declaración de la presunta víctima Tulio Alberto Álvarez Ramos, de la perita Magdalena
López de Ibañez y el perito Leonel Ferrer, y de los testigos Andrés Raúl Páez, Carmen
Guadalupe Ramos, Anna Mercedes Martínez, Mirtha Guedez Campero, Ibéyse Pacheco y
Victor Gil, todos propuestos por los representantes. El objeto de estas declaraciones y
dictámenes periciales y la modalidad en que serán recibidos se determinarán en la parte
resolutiva de esta decisión (infra puntos resolutivos 1 y 2).
9.
A continuación se examinará: A) la admisibilidad de los peritajes ofrecidos por la
Comisión; B) las recusaciones del Estado a las peritas ofrecidas por los representantes; C)
la solicitud de la Comisión Interamericana para realizar preguntas a dos peritas ofrecidas
por los representantes; D) la recusación de los representantes al perito ofrecido por el
Estado; E) las observaciones del Estado a los testigos ofrecidos por los representantes; F)
las recusaciones de los representantes a los testigos ofrecidos por el Estado, e G) la
aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte (en adelante “Fondo de
Asistencia Legal de Víctimas”, “Fondo de Asistencia” o “Fondo”).
A) Admisibilidad de los peritajes presentados por la Comisión
10.
En su escrito de sometimiento del Caso, la Comisión ofreció dos dictámenes
periciales, a saber: i) sobre el fenómeno de la criminalización del ejercicio de la libertad de
expresión sobre asuntos de interés público y funcionarios públicos en la región. Además,
sobre los más recientes desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos y el
derecho comparado para enfrentar esta problemática, y ii) sobre el contexto de deterioro
del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, particularmente a través
del uso del poder punitivo estatal para limitar las expresiones criticas de funcionarios
estatales durante la época de los hechos, y su impacto en la democracia venezolana.
Ambos peritos podrían referirse al caso concreto. Asimismo, la Comisión indicó que
informaría los nombres de los referidos peritos a la brevedad, y que sus hojas de vida
serían incluidas en los anexos al Informe de Fondo No. 4/17.
11.
La Comisión consideró que los peritajes ofrecidos se refieren a temas de orden
público interamericano, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1 f) del Reglamento
de la Corte, argumentando que se trata del primer caso relacionado con la temática de
responsabilidades ulteriores en asuntos de interés público en Venezuela. Según la
Comisión, la apertura de procesos penales por la supuesta comisión de delitos de desacato
y difamación en perjuicio de funcionarios públicos y sobre asuntos de interés público, ha
sido una tendencia preocupante en el país. En muchos de estos casos, los procesos
permanecen abiertos en los tribunales durante años, lo cual produce un efecto de
intimidación y autocensura que afecta de manera desproporcionada el derecho a la libertad
de expresión. En ese sentido, la Comisión indicó que la legislación penal de Venezuela
contempla disposiciones que resultan incompatibles con el artículo 13 de la Convención
Americana y ha enfatizado la necesidad de revisar el marco jurídico que regula los delitos
contra el honor y desacato, aún vigentes en el país.
12.
El 21 de julio de 2017 la Secretaría de la Corte señaló a la Comisión, entre otras
cosas, que los peritos ofrecidos no habían sido identificados y que quedaría “a la espera de
la información sobre la identidad de los peritos propuestos y de sus currículos en el plazo
establecido en el artículo 28, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Corte, el cual vence el
26 de julio de 2017.”
13.
El 25 de julio de 2017 la Comisión identificó los peritos ofrecidos como Frank La Rue
y Andrés Cañizalez, respectivamente; no obstante, omitió remitir sus hojas de vida.

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