estatal. En general, fue un período problemático para Suriname oriental; violaciones graves ocurrieron en esas áreas, las cuales fueron campos de batalla importantes durante el conflicto armado interno, y Moiwana ’86 reportó esas violaciones al gobierno. En un momento dado, el Ministro de Defensa declaró públicamente que el ataque en Moiwana fue una acción militar. Moiwana ’86 fue “muy sistemática” en sus solicitudes al Estado para que investigara el ataque de 29 de noviembre de 1986. Con este propósito, recolectaron información, la pusieron por escrito y la presentaron a las autoridades gubernamentales en forma continua. Moiwana ’86, como organización, ha solicitado a las autoridades policiales y judiciales, al menos una vez al año, que investiguen el ataque. Moiwana ’86 también trató de “apoyar tanto como fuera posible” las investigaciones del inspector Gooding, quien estaba a cargo de la investigación penal oficial del Estado. El testigo manifestó que el señor Gooding “había encontrado miembros importantes del grupo de perpetradores” y señaló que sus logros demostraban que era un “un hombre muy valiente”. Como resultado de esta investigación inicial, la policía detuvo a Orlando Swedo; sin embargo, una unidad militar completamente armada exigió y obtuvo su liberación. El líder militar Desire Bouterse ordenó esa liberación; esto se supo porque el señor Bouterse condujo una conferencia de prensa una vez que el señor Swedo fue liberado. Durante ese encuentro con la prensa, al señor Gooding se le advirtió que no cooperara con Moiwana ’86. Poco tiempo después, el señor Gooding visitó el cuartel militar en Fort Zeelandia. Cuando salía, su carro fue detenido; lo sacaron del carro y lo mataron a disparos. Después de la muerte del señor Gooding, la policía no siguió la investigación del ataque en Moiwana. Por otro lado, los responsables de la muerte del señor Gooding nunca fueron juzgados y las circunstancias de su muerte nunca fueron aclaradas. Asimismo, muchos de los investigadores que trabajaban con Gooding tuvieron que salir del país porque enfrentaban “una situación que amenazaba su vida”. “Incluso las más altas autoridades fueron incapaces de investigar más” su muerte. En 1993, el testigo recibió información sobre el descubrimiento de restos humanos cerca de la localidad de Moiwana; le dijeron que los cuerpos eran de la masacre. Informó a las autoridades, especialmente al Fiscal General, quien rápidamente estableció un comité que se encargara del asunto. Después de dos sesiones – el testigo estuvo presente en ambas – los restos fueron descubiertos, y llevados a Paramaribo para ser investigados. El testigo se enteró por la prensa que se encontraron los restos de seis a nueve individuos, incluyendo niños. Sin embargo, las autoridades nunca identificaron los restos, y el testigo nunca recibió información sobre gestiones adicionales realizadas para investigar la situación. Más aún, hubo una “declaración reaccionaria” en la prensa de un oficial de gobierno, haciendo alusión a la ley de amnistía, la cual “debilitaba la esperanza” de que pudiera continuar la investigación del caso Moiwana. En 1995, el Parlamento surinamés solicitó al Ejecutivo que investigara varias violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el testigo desconoce que haya habido investigaciones posteriores del ataque en Moiwana por parte de 21