4 de diciembre de 2020 REF.: Caso Nº 12.675 Gabriel Sales Pimenta Brasil Señor Secretario: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso 12.675 – Gabriel Sales Pimenta, de la República Federativa de Brasil (en adelante “el Estado de Brasil” o “Brasil”). El presente caso se refiere a la responsabilidad del Estado brasileño por la situación de impunidad en la que se encuentran los hechos relacionados con la muerte de Gabriel Sales Pimenta, defensor de los derechos de los trabajadores rurales, en 1982 en el Estado de Pará. Dicha muerte se produjo en un contexto de violencia relacionada con las demandas de tierra y la reforma agraria en Brasil. Gabriel Sales Pimenta era abogado del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Marabá, defensor en la región de Pau Seco en litigios contra los hacendados, siendo el primer abogado de Marabá en obtener la revocación de un mandamiento provisional que había permitido la expulsión de los ocupantes de tierras de una zona reivindicada por hacendados. Como resultado de su trabajo, recibió varias amenazas en los meses anteriores a su asesinato, incluso lo amenazaron con matarlo antes del 4 de agosto de 1982. Según varias declaraciones, Gabriel Sales Pimenta solicitó la protección del Estado. En ese sentido, habría denunciado las amenazas recibidas a la Secretaría de Seguridad Pública de Belém, capital del estado de Pará, y habría acudido personalmente a Belém para pedir ayuda tres veces, la última en junio de 1982. El 18 de julio de 1982 Gabriel Sales Pimenta iba caminando con unos amigos y un hombre que salió de un auto le disparó tres veces, ocasionándole la muerte. El apoyo policial requerido en Belém llegó a Marabá recién el día siguiente de su muerte. La Comisión determinó la existencia de irregularidades en la investigación y anotó que, pese a la información que indica que testigos fueron amenazados, no se les proporcionó la debida protección ni fueron efectivamente investigadas tales denuncias de tal manera que pudieran participar de manera efectiva en la investigación. Un año y un mes después del asesinato de Gabriel Sales Pimenta y de la conclusión de la investigación policial, el Ministerio Público presentó una denuncia penal contra tres personas como autores del delito de homicidio calificado. Dos años después se decretó la prisión preventiva de los acusados, siendo una de ellas luego revocada. De estas tres personas solo uno compareció y otra rindió testimonio 6 años después de ocurridos los hechos. En su Informe de Fondo la Comisión estableció la existencia de una serie de faltas a la debida diligencia en la investigación como la falta de interrogatorios a testigos, el envío tardío de exhortos para el cumplimiento de diligencias, la ausencia de fiscales en las audiencias, entre otras. En agosto de 1999 falleció uno de los acusados, con la subsecuente extinción de su punibilidad, solo una persona fue imputada y la denuncia contra la tercera persona se declaró improcedente por falta de pruebas. Señor Pablo Saavedra Alessandri Secretario Corte Interamericana de Derechos Humanos San José, Costa Rica _____________________________________________________________________________________

Select target paragraph3