diez mil de los cuales seguían a la época de la denuncia en campos de refugiados cerca de St.
Laurent, en la Guyana Francesa.
11. También sostienen que hubo demora injustificada de justicia según el artículo 37(c) del
Reglamento, ya que la masacre ocurrió el 29 de noviembre de 1986, más de diez años antes
de la denuncia y aún no había habido decisión judicial definitiva. Sostiene que hasta 1992, se
podía entender que las autoridades civiles y judiciales no investigaran y juzgaran porque las
Fuerzas Armadas mantenían el poder y la transición democrática era frágil. Sostiene que con
posterioridad a esa fecha tal razonamiento ya no sería válido.
12. Denuncia que en mayo de 1993 se encontró una fosa común con un número de cadáveres
de las víctimas de la aldea de Moiwana, y que el Ministerio de Justicia y Policía indicó que la
investigación legal y el procesamiento no eran prioridades para esa Administración, sino que lo
eran los problemas económicos y sociales del país. El Ministerio de Asuntos Sociales y
Vivienda, por su parte, sostuvo entonces en conferencia de prensa que la masacre de Moiwana
debía considerarse incluida en la Ley de Amnistía que había sido aprobada, y por consiguiente
no era justiciable. Igualmente denuncia que identificados varios de los cuerpos que estaban en
la fosa como de miembros (de 5 a 7 adultos y 2 ó 3 niños) de Moiwana, no se tomó ninguna
medida.
13. También señala que en diciembre de 1995, el Parlamento de Suriname, adoptó una moción
requiriendo al Ejecutivo que iniciara inmediatamente una investigación de varias violaciones
notorias cometidas durante el régimen militar, incluyendo la masacre de Moiwana, y que no
hubo tampoco acción alguna. Indica que ha solicitado reiteradamente acción de las autoridades
al respecto, sin resultado positivo. Sostiene que según la legislación surinamesa a solicitud de
un actor particular, si el pedido está justificado, la Corte Suprema debe pedir una investigación
al Procurador General sobre el caso. Así ellos lo solicitaron y el Presidente de la Corte Suprema
les comunicó que había solicitado información al Procurador pero que éste no se la había
proporcionado. Sostiene que el partido que ganó las elecciones y fija las prioridades judiciales,
responde al liderazgo de Desire Bouterse, el militar que fue el jefe del régimen militar que
llevó a cabo las violaciones denunciadas, por lo cual no es probable que el Gobierno cambie de
actitud.
14. Agrega documentación oficial, así como informes sobre la situación publicados
internacionalmente por gobiernos y entidades no gubernamentales, que sustentan las
aseveraciones antedichas. Solicita por todas estas razones que se acepte la excepción al
requisito de agotamiento de los recursos internos.
B.
El Estado
15. Pese a las reiteradas solicitudes efectuadas por la Comisión con fecha 30 de octubre de
1997, reiterada el 2 de junio de 1998 y nuevamente el 25 de febrero de 1999, indicando que
consideraría la aplicación del artículo 42 de su Reglamento en caso de no recibirse respuesta
dentro de los 30 días, el Estado de Suriname no respondió y por consiguiente no controvirtió
los hechos denunciados en la petición.
IV.
ANÁLISIS SOBRE LA ADMISIBILIDAD
A.
Competencia ratione personae, ratione materiae, ratione tempori y ratione loci
de la Comisión
16. Los peticionarios sostienen que el Estado de Suriname violó derechos de los habitantes de
la aldea Moiwana, reconocidos por los artículos I, VII, IX y XXIII de la Declaración Americana;
y en los artículos 8(1), y 25(1) y 25(2) de la Convención Americana, hechos ocurridos en el
territorio de Suriname y que tendrían como víctimas personas naturales bajo su jurisdicción.
17. La Comisión considera que es competente ratione materiae, ratione personae y ratione loci
en este caso para conocer la denuncia en cuanto a las presuntas violaciones de la Declaración
y la Convención Americanas.
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