INFORME Nº 2/05 PETICIÓN 11.618 ADMISIBILIDAD CARLOS ALBERTO MOHAMED ARGENTINA 22 de febrero de 2005 I. RESUMEN 1. En el presente informe se examina la admisibilidad de la petición 11.618. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) inició el trámite tras recibir una petición el 18 de marzo de 1996, presentada por Carlos Alberto Mohamed y el abogado Roque J. Mantione (en adelante, “los peticionarios”) contra la República Argentina (en adelante, el “Estado”). 2. Los peticionarios indican que el señor Mohamed se vio envuelto en un accidente de tránsito en 1992, del que resultó muerta una persona, y que fue posteriormente juzgado por el delito de homicidio culposo. Fue sobreseído en primera instancia. En la instancia de apelación, fue condenado y sentenciado a tres años de cárcel suspendida, y se le prohibió conducir por ocho años. Los peticionarios afirman que la corte de segunda instancia basó su condena en legislación promulgada con posterioridad a los hechos. El señor Mohamed trató de impugnar su condena interponiendo un recurso extraordinario, pero los peticionarios indican que estos recursos fueron rechazados en ausencia de toda revisión del fondo del reclamo. Los peticionarios afirman que los hechos alegados constituyen una violación del derecho al debido proceso y del derecho a que no se le apliquen leyes ex post facto, de acuerdo con los artículos 8 y 9 de la Convención Americana, conjuntamente con las garantías generales consagradas en el artículo 1 de este instrumento. 3. Por su parte, el Estado indica que el señor Mohamed fue condenado de acuerdo con los requisitos de la legislación nacional e internacional. Sostiene que el señor Mohamed tuvo acceso a dos instancias de revisión, a saber, ante los tribunales de primera y segunda instancia. El Estado considera que ni la legislación nacional ni el derecho internacional exigen instancias adicionales de revisión tras la condena del señor Mohamed en segunda instancia. El Estado sostiene que la condena fue impuesta de acuerdo con los términos de su Código Penal, aprobado con anterioridad a los hechos. El Estado argumenta que la petición es inadmisible por no establecer hechos que caractericen una violación de la Convención Americana. Agrega que la Comisión no tiene competencia para actuar como “cuarta instancia” de revisión con respecto a las cuestiones de hecho o de derecho que competen a la jurisdicción del sistema legal nacional. 4. Como se indica en el presente informe, tras examinar los argumentos de las partes sobre la cuestión de la admisibilidad, y sin perjuicio del fondo de la materia, la Comisión decidió declarar admisible la petición con respecto a la presunta violación de los artículos 8, 9 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales consagradas en los artículos 1 y 2 de dicho tratado, remitir el presente informe a las partes, continuar con el análisis del fondo del caso y publicar el informe e incluirlo en el Informe Anual de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

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