13 de septiembre de 2019 REF.: Caso 12.985 Jorge Villarroel y otros Ecuador Señor Secretario: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso 12.985 – Jorge Villarroel y otros respecto de la República del Ecuador (en adelante “el Estado”, “el Estado ecuatoriano” o “Ecuador”), relacionado con la detención ilegal y arbitraria de los entonces oficiales de la Policía Nacional: Jorge Villarroel Merino, Mario Rommel Cevallos Moreno, Jorge Coloma Gaybor, Fernando López Ortiz, Amílcar Ascazubi Albán y Patricio Vinuesa Pánchez en mayo de 2003, así como de las vulneraciones a las garantías judiciales cometidas en el proceso seguido en su contra por el delito de peculado. La CIDH destacó que la detención en firme tal como estaba regulada y que se aplicó en el caso concreto, era una detención preventiva obligatoria y automática basada exclusivamente en la gravedad de la pena atribuida al delito, la modalidad de supuesta comisión del mismo y a la etapa procesal, esto es, el hecho de encontrarse en la etapa de juicio. Lo anterior, sin que la norma exigiera a las autoridades respectivas analizar ni justificar si se cumplían fines procesales de conformidad con sus obligaciones bajo la Convención Americana. La Comisión también consideró que dicha figura implicó una vulneración al principio de igualdad ante la ley, al establecer una diferencia de trato basada en la pena a imponer, la modalidad de comisión del supuesto delito o la etapa procesal. La CIDH agregó que el período de detención bajo esta figura por ocho meses, sin una revisión periódica, no fue razonable. Asimismo, la Comisión observó que las víctimas estuvieron bajo la figura de detención preventiva entre enero de 2004 y mayo del mismo año, la cual resultó arbitraria. La CIDH consideró que la norma que la establecía invirtió, en la práctica, la excepcionalidad de la prisión preventiva y la convirtió en la regla en aquellos casos sancionados con pena privativa de la libertad, pues bastaba para dictarla que exista un delito con sanción privativa de la libertad e “indicios o presunciones graves de responsabilidad”. La Comisión también concluyó que los recursos presentados por las víctimas a efectos de cuestionar su detención no fueron idóneos ni efectivos para obtener una debida protección judicial. Adicionalmente, la CIDH identificó las siguientes vulneraciones a las garantías judiciales en el proceso seguido por el delito de peculado: i) las víctimas no contaron con información previa y detallada de la acusación y de defensa; ii) se afectó el derecho a contar con autoridad competente frente a los múltiples indicios de la falta de competencia de la persona que ejerció como Presidente del tribunal; iii) no se permitió recurrir el fallo ante un tribunal de superior jerarquía; y iv) la duración del proceso tuvo un plazo irrazonable. El Estado de Ecuador ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre de 1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984. Señor Pablo Saavedra Alessandri, Secretario Corte Interamericana de Derechos Humanos San José, Costa Rica

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