individuos fueron repatriados durante noviembre de 1999 y que la práctica continuó con un promedio de 2,000 personas mensuales durante los meses siguientes hasta el 14 de diciembre de 2000 y que esta situación se sigue dando a pesar de las medidas provisionales adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 12. Argumentan que estas acciones se producen sin noticia previa y empleando fuerza excesiva con diferentes formas de intimidación física, separando a las personas de sus casas, familias, trabajos y, en varios casos, de sus hijos. Asimismo, que dentro de las acciones de violencia se incluye el abuso sexual a mujeres. 13. Informan además que estas personas son detenidas por oficiales de inmigración y por soldados dominicanos para luego ser transportadas a la frontera haitiana sin posibilidad de probar su estatus legal o tomar hacer arreglos previos a su expulsión. Que esta práctica se da inclusive con ciudadanos dominicanos que tienen medios probatorios para demostrar su estatus legal en territorio dominicano. Asimismo, que se les priva de la capacidad de objetar la deportación, contactar a las familias o de obtener asistencia legal. Alegan los peticionarios que las presuntas víctimas, como miembros de estos grupos, han sido objeto de esta política del Estado en diferentes facetas de la misma. 14. Agregan, asimismo, que en varios casos, padres y madres han sido enviados a Haití y obligados a dejar abandonados a sus hijos pequeños en territorio de República Dominicana. 15. Los peticionarios alegan también que la información sobre estas prácticas coinciden con la información de varias organizaciones dominicanas y organizaciones internacionales que confirman esta política masiva desde mediados de los años noventa. Asimismo, que el Estado dominicano no ha cumplido sus tratados bilaterales con Haití puesto que no informó, a su contraparte, respecto de miles de personas que fueron dejadas en la frontera. 16. Asimismo, los peticionarios señalan que a los haitianos que se encuentran en República Dominicana no se les da la posibilidad de obtener residencia legal y que muchas veces son arrestados, puestos en ómnibus y enviados a Haití. Que en esta práctica se ha incluido a haitianos residentes en territorio Dominicano por más de veinte años. 17. Manifiestan también que aquellos que han tenido acceso a trabajo y residencia de manera legal no se les da la posibilidad de probar su situación y son finalmente tratados como indocumentados. 18. Que estas políticas afectan a dominicanos de ascendencia haitiana los cuales son confundidos por autoridades de inmigración y deportados de la misma manera. Que los reportes del mismo Estado indican esta situación, en la que se ha incluido a dominicanos de tercera generación. 19. Los peticionarios señalan también que muchos niños han sido dejados en calidad de abandono en suelo dominicano como consecuencia de estas prácticas del Estado. En este sentido, que muchas veces se les impide a las personas deportadas el poder llevarse a sus hijos. Que a los padres deportados se les imposibilitó contactar a sus hijos y a sus familias en general. 20. Argumentan que estas políticas van en contra de la ley interna dominicana cuyas regulaciones de inmigración establecen procedimientos de deportación con aviso previo, razones específicas así como la posibilidad de negar los cargos que sustentan la deportación. Además, que estas acciones violan un acuerdo entre el Estado dominicano y Haití logrado en 1997 frente a una crisis similar a la descrita. 21. Los peticionarios consideran que estás prácticas masivas a nivel nacional son discriminatorias, basadas en raza y en origen, y que atentan contra los derechos de estas personas, consagrados tanto a nivel interno como a nivel internacional. B. El Estado 3