-12a) se planteó la iniciativa de iniciar diálogos con la Comunidad de Sarayaku, para escuchar sus planteamientos, tanto en el asunto de fondo como en el marco de las medidas provisionales ordenadas por la Corte. Sin embargo, después de cinco reuniones se suspendió el diálogo, pero reafirma su voluntad de dar solución a este caso; b) se definió el mecanismo para que la Policía Nacional garantizara la vida e integridad personal de los representantes de la Comunidad. Sin embargo, la colaboración de los interesados había sido insuficiente; c) la Procuraduría General del Estado solicitó a los representantes de la Comunidad la remisión de información sobre las denuncias que motivaron las medidas, pero ésta no ha sido remitida; d) se encuentra pendiente el punto de la libre circulación. Sin embargo, el patrullaje en el área del sector petrolero se realiza “por ser de importancia estratégica nacional”, por las “graves denuncias de asaltos, robos, enfrentamientos, secuestros, producidos en las comunidades de Sarayaku” y porque la comunidad de Jatun Molinu ha solicitado que se mantenga dicho destacamento militar; e) la Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos tiene entre sus atribuciones la coordinación en la preparación de respuestas del Estado a requerimientos de información sobre casos de derechos humanos; f) la Comunidad de Sarayaku ha hecho una interpretación sobredimensionada de los hechos que motivaron la adopción de estas medidas, ya que no se ha demostrado aún el supuesto daño inminente al que se encontrarían sometidos por el control militar que se realiza en el Río Bobonaza. La única prueba que se ha presentado ante la Comisión y la Corte es un video editado y prediseñado; y g) la campaña de desinformación promovida por los representantes de Sarayaku en la comunidad internacional, si bien pretende generar presión en la opinión pública, lo único que logra es acentuar conflicto. 19. El escrito de 5 de enero de 2005, mediante el cual los representantes presentaron sus observaciones al segundo informe estatal. En dicho escrito manifestaron que: a) el Estado no ha tomado las medidas adecuadas para cumplir con la resolución de medidas provisionales, por lo que es imprescindible que éstas sigan vigentes y que la Corte conceda una audiencia con la participación de todas las partes en el proceso; b) la extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad de los daños a los cuales los miembros de Sarayaku se ven expuestos se ilustran en varias situaciones actuales, tales como las amenazas de muerte en contra de Marlon Santi, Presidente de Sarayaku, los días 21 y 22 de diciembre de 2004; c) aún es imposible movilizarse por el Río Bobonaza que sufre todos los miembros de Sarayaku, a causa de amenazas de violencia y la negativa de permitir su pasaje; la negativa del Estado de investigar los hechos que