negativa. Los peticionarios agregaron que, al día siguiente, la señora Escobar Candiotti denunció la desaparición de su hijo en la Comisaría de Lircay. 11. Los peticionarios señalaron que el 23 y 24 de marzo del mismo año se interpusieron denuncias por la desaparición de Walter Munárriz ante la Defensoría del Pueblo de Huancavelica. Agregaron que, al siguiente mes, la madre remitió escritos al Ministro de Interior y al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, solicitando apoyo para dar con el paradero de su hijo. 12. Los peticionarios indicaron que el 22 de abril del mismo año, la Fiscalía Provincial Mixta de Angaraes formalizó denuncia contra el Capitán PNP Roberto Gastiaburú Nakada, Alferéz PNP Claudio Gutiérrez Velásquez y el Suboficial PNP Adolfo Ángeles Ramos, por el delito contra la humanidad en la modalidad de desaparición en agravio de Walter Munárriz Escobar. Agregaron que el 1 de junio de 2000, la Fiscalía Superior Mixta de Huancavelica formuló acusación sustancial en contra de los tres oficiales señalados y de otros dos: Gunther Cuaresma Ramos y Percy Salvatierra Laura, solicitando se les impusiera 15 años de pena privativa de libertad, inhabilitación y el pago de diez mil nuevos soles. Señalaron que el 15 de febrero de 2001, la Corte Superior Mixta de Huancavelica condenó a Roberto Eugenio Gastiaburú Nakada y Adolfo Ángeles Ramos, como autores del delito contra la humanidad en su modalidad de desaparición forzada en agravio de Walter Munárriz Escobar, imponiéndoles 18 años de pena privativa de libertad e inhabilitación y absolviendo a los demás oficiales. 13. Indicaron que la Primera Fiscalía Suprema solicitó la declaratoria de nulidad de la sentencia sólo en el extremo que absuelve a los tres oficiales. Señalaron que el 13 de diciembre de 2001 la Sala Penal Suprema emitió una resolución señalando ciertas irregularidades procesales de forma durante el juicio oral, declaró nula la sentencia del 15 de febrero de 2001 y mandó a que se realizara un nuevo juicio oral. Los peticionarios indicaron que el 25 de mayo de 2004 la Corte Superior Mixta de Huancavelica absolvió a Roberto Eugenio Gastiaburú Nakada, Claudio Gutiérrez Velásquez, Adolfo Ángeles Ramos, Gunther Cuaresma Ramos y Percy Salvatierra Laura por no haberse acreditado con pruebas irrefutables que fueron autores o partícipes de la desaparición de Walter Munárriz. Agregaron que el 20 de octubre del mismo año, la Corte determinó no haber nulidad en dicha sentencia. 14. En cuanto a las investigaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo, los peticionarios informaron que realizó varias entrevistas, así como la revisión del libro de ocurrencias y del registro de control de la Comisaría PNP de Ccochaccasa y de la Jefatura Provincial PNP Angaraes-Lircay. Los peticionarios indicaron que la Defensoría concluyó que: i) “existen indicios de la desaparición del ciudadano Walter Munárriz Escobar, a manos del personal policial de la Jefatura Provincial PNP de Lircay […]”; ii) la detención se hizo de manera arbitraria sin que existiera denuncia alguna y sin que fuera registrada debidamente; iii) la Fiscal Provincial no investigó imparcial y objetivamente los hechos; iv) no se realizaron pruebas fundamentales que habrían podido orientar el rumbo del proceso; y v) Walter Munárriz “fue sometido a maltratos físicos y verbales por personal policial”. 15. Los peticionarios alegaron que la falta de debida diligencia en las investigaciones constituyó un obstáculo para el acceso a la justicia, de tal forma que, a la fecha, existe una situación de impunidad, en contravención a los derechos a las garantías y protección judiciales. Indicaron que desde el inicio de las acciones judiciales emprendidas por los familiares de Walter Munárriz, se presentaron trabas procesales, pues la Fiscal se negó en un principio a recibir la denuncia de la madre de Walter Munárriz y, posteriormente, demostró una actuación parcializada. Asimismo, señalaron que una persona que estuvo detenida en la Comisaría de Lircay el mismo día que Walter Munárriz, fue coaccionada a fin de que declarara que no había sucedido nada anormal el día de los hechos. Agregaron que, 17 años después, el Estado peruano no ha determinado quiénes son los responsables de la desaparición de Walter Munárriz y no ha adoptado medidas efectivas para determinar su paradero. 16. En relación con el derecho a la vida y a la integridad personal, los peticionarios sostuvieron que el Estado es responsable por la desaparición de Walter Munárriz quien fue visto con vida, por última vez, en la Comisaría de Lircay. Los peticionarios alegaron también que durante el tiempo que estuvo detenido en dicha comisaría, fue víctima de agresiones físicas por parte de agentes del Estado peruano. 3

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