-3- 8. Sostuvo que Nicaragua vive una crisis de derechos humanos y cierre de los espacios democráticos. Además, calificó la situación como la instalación de facto de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al Gobierno, el allanamiento, clausura y censura de medios de comunicación, la prisión o exilio de periodistas y líderes sociales, el cierre de organizaciones de la sociedad civil sin las garantías de debido proceso, así como la injerencia y el control del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos. La Comisión también llamó la atención sobre el prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática, la perpetuación de la crisis de derechos humanos y la situación de impunidad estructural respecto de las graves violaciones a los derechos humanos. 9. De acuerdo con la Comisión, los actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al Gobierno se agudizaron a partir de 2020 y durante 2021, en el marco de acciones estatales orientadas a impedir la participación de la oposición en las elecciones generales de noviembre. En particular, durante 2021 se intensificó la represión en contra de personas opositoras en el marco del proceso electoral, la cual se caracterizó por actos de asedio policial, hostigamiento, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias en contra de líderes y lideresas de oposición, activistas de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas. De acuerdo con la Comisión, las personas sometidas a detenciones arbitrarias se encontrarían en condiciones insalubres, sufriendo malos tratos, con la aplicación arbitraria de regímenes de máxima seguridad, además de la falta de atención médica adecuada, oportuna y especializada. La mayoría de esas personas son beneficiarias de medidas de protección por parte de los órganos del Sistema Interamericano. 10. Además, las personas identificadas como opositoras estarían enfrentando la manipulación del derecho penal y criminalización, debido a la falta de independencia judicial y separación de poderes. 2. Personas privadas de libertad identificadas como “presas políticas” en Nicaragua 11. La Comisión informó que durante 2022 ha recibido información sobre las graves condiciones de detención en la que se encuentran las personas privadas de libertad en Nicaragua, en especial, hechos que incluyen denuncias de malos tratos, regímenes de aislamiento arbitrarios, toma de represalias o hechos violentos, insalubridad en celdas, falta de atención médica adecuada y oportuna, entre otros. Si bien dichos hechos afectarían a las personas detenidas en las instalaciones del “Nuevo Chipote”, también habría patrones comunes en contra de quienes permanecen en diferentes instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) y delegaciones policiales, como consecuencia de hechos consistentes en interrogatorios constantes, insuficiente acceso a alimentos en cantidad y calidad, incomunicación y aislamiento, falta de exposición a luz solar, temperaturas extremas, así como falta de acceso a una atención médica adecuada. La Comisión informó que también ha recibido información sobre la falta de medidas para la prevención y atención del COVID-19. 12. En algunas de las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional, la alimentación de las personas identificadas como “presas políticas” es deficiente y dependen de lo que sus familiares les proporcionen, lo que se vería agravado por la discrecionalidad de las autoridades. De acuerdo con la Comisión, en ocasiones, se