INFORME N41/02
ADMISIBILIDAD
PETICIÓN 11.748
JOSÉ DEL CARMEN ÁLVAREZ BLANCO Y OTROS (PUEBLO BELLO)
COLOMBIA
9 de octubre de 2002
I.

RESUMEN

1. El 5 de mayo de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión” o “CIDH”) recibió una petición presentada por la Asociación de Familiares de
Detenidos y Desaparecidos de Colombia (FEDEFAM), la Federación Latinoamericana de
Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y la Comisión Colombiana
de Juristas (CCJ) (en adelante “los peticionarios”), en la cual se alega la responsabilidad de
agentes de la República de Colombia (en adelante, “el Estado” o “el Estado colombiano”) por la
tortura y desaparición de José del Carmen Álvarez Blanco, Fermín Agresor Moreno, Víctor
Manuel Argel Hernández, Genor Arrieta Lara, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, Diomédes
Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, José Encarnación Barrera Orozco (menor), Ricardo
Manuel Bohórquez Pastrana, Jorge Fermín Calle Hernández, Jorge Arturo Castro Galindo,
Ovidio Carmona Suárez, Genaro Benito Calderón Ramos, Juan Miguel Cruz Ruiz, Ariel Euclides
Díaz Delgado, Camilo Antonio Durango Moreno, Juan Luis Escobar Duarte, José Leonel Escobar
Duarte, César Augusto Espinoza Pulgarín, Wilson Flórez Fuentes, Andrés Manuel Flórez
Altamira, Santiago Manuel Gonzáles López, Carmelo Guerra Pestana, Miguel Ángel Gutiérrez
Arrieta, Lucio Miguel Hurzula Sotelo, Ángel Benito Jiménez Julio, Manuel Ángel López
Cuadrado, Jorge Martínez Pacheco, Mario Melo, Carlos Melo, Juan Mesa Serrano, Pedro Antonio
Mercado Montes, Manuel de Jesús Montes Martínez (menor), Luis Carlos Pérez Ricardo, Miguel
Pérez, Raúl Antonio Pérez Martínez, Benito José Pérez Pedroza, Euclides Ricardo Pérez, Andrés
Manuel Pedroza Jiménez, José Manuel Petro Hernández, Luis Miguel Salgado Barrios, Célimo
Urrutia Hurtado, y Eduardo Zapata, en el contexto de una incursión paramilitar perpetrada el
14 de enero de 1990 en Pueblo Bello, Municipio de Turbo, Departamento de Antioquia.
2. Los peticionarios alegaron que el Estado era responsable por la violación del derecho a la
vida, la integridad y la libertad personales consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la
Convención”) así como de las garantías judiciales previstas en los artículos 8 y 25 del Tratado,
en perjuicio de las víctimas y sus familiares y de la obligación genérica de respetar y garantizar
los derechos allí protegidos. Con relación a la admisibilidad del reclamo, los peticionarios
alegaron que resultaban aplicables las excepciones al agotamiento de los recursos internos
previstas en los artículos 46(2)(a) y 46(2)(c) de la Convención. El Estado alegó que no se
había probado la participación de agentes estatales en los hechos denunciados y que los
tribunales locales habían actuado conforme a la ley, por lo cual no se habría violentado ningún
derecho consagrado en la Convención Americana.
3. Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión concluyó que era competente para
conocer el caso presentado por los peticionarios, y que el caso era admisible, a la luz de los
artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4. El 12 de febrero de 1990, la Comisión recibió una acción urgente en la cual se denunciaba la
desaparición de 43 campesinos en Pueblo Bello. En la misma fecha, bajo el número de trámite
10.566, la CIDH se dirigió al Estado con el objeto de solicitar información conforme al
Reglamento vigente hasta el 30 de abril de 2001. El Estado presentó su respuesta el 10 de
mayo de 1990, la cual fue remitida a la denunciante el 26 de junio de 1990, otorgándole un
plazo de 30 días para formular observaciones. El 6 de diciembre de 1990 la CIDH recibió
información de otra fuente sobre el asunto, la cual fue enviada al Estado para sus
observaciones. El Estado presentó su respuesta el 16 de agosto de 1991. La Comisión intentó
comunicarse con la denunciante original mediante comunicaciones escritas de fecha 9 de junio
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