141. De los hechos probados se desprende que durante la investigación se presentaron fuertes y reiteradas amenazas y actos de intimidación contra los habitantes de Pitalito, testigos y familiares del periodista Nelson Carvajal. El Estado conoció de estas amenazas y estaba en la obligación de adoptar todas las medidas necesarias de protección e investigación, para garantizar la plena efectividad de los procesos. 142. Surge del expediente que las autoridades encargadas de la investigación observaron que en Pitalito “por falta de protección” varias personas no quisieron suministrar el nombre al declarar “por el miedo que existe en la región”. Este temor también afectó a los encargados de las labores de inteligencia en Pitalito, quienes según las autoridades regionales “no firmaron ningún documento por motivos de seguridad”. 143. Asimismo, durante la etapa de instrucción del proceso, a raíz de sus acciones para impulsar la investigación, la hermana de la víctima Judith Carvajal fue víctima de una denuncia penal por calumnia e injuria iniciada por el funcionario estatal implicado en el proceso y que se tramitó durante un año, a pesar de estar claramente infundada. Asimismo, consta que fue amenazada de muerte en varias oportunidades y vigilada por hombres desconocidos que se acercaron a ella y a su hogar con fuertes mensajes intimidantes. Estas amenazas se incrementaron con la captura de las personas acusadas en el año 1999 de la autoría intelectual del crimen. Consta en su testimonio que en una oportunidad se le comunicó personalmente que había orden directa de los señores implicados en el asesinato de Nelson Carvajal de asesinarla. Judith Carvajal denunció a las autoridades dichas amenazas. 144. Judith Carvajal se habría acogido a inicios de 1999 al Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General. Sin embargo, no consta en el expediente que haya recibido protección. A pesar de su ingreso al Programa de Protección, debido a la falta de medidas concretas y eficaces de protección, Judith Carvajal tuvo que salir de Pitalito y residenciarse temporalmente en otra zona del país, lo que también puso en conocimiento de la Fiscalía General para que se realizaran las investigaciones correspondientes. 145. En octubre de 1999 Judith Carvajal dejó el país a causa de las amenazas que estaba recibiendo por parte de las “personas implicadas en la investigación de la muerte” de su hermano Nelson Carvajal Carvajal. Judith Carvajal informó de su salida y la situación de riesgo de su familia a las autoridades. Según fue advertido por la peticionaria y no fue controvertido por el Estado, ella solicitó “a la Fiscalía protección a [su] familia, la que está en proceso de abandonar Pitalito por temor a que les suceda algo”. 146. La Comisión observa que el Estado no demostró haber adoptado ninguna medida para proteger a los familiares amenazados durante la investigación. En particular, advierte que en el expediente no consta que se haya realizado alguna investigación tendiente a establecer el origen de las amenazas denunciadas y sancionar a sus responsables, lo cual profundiza el contexto de intimidación e indefensión denunciado y favorece el encubrimiento de los hechos. 147. En este contexto, preocupa a la CIDH que las amenazas hayan persistido durante el desarrollo de la investigación y, como consecuencia, nueve (9) familiares de Nelson Carvajal hayan tenido que salir del país durante el 2006 y 2010 (supra párr. 106). 148. Del acervo probatorio se evidencia que las amenazas e intimidación también afectaron a testigos claves. Si bien el Estado adoptó algunas medidas permitidas por el derecho interno al momento de los hechos – como la reserva de la identidad de los testigos – éstas no resultaron idóneas ni suficientes. Al respecto, consta que Judith Carvajal Carvajal denunció la violación de la reserva sumarial y que se habrían entregado a diversas personas de Pitalito, copias de algunas de las actuaciones adelantadas dentro de la etapa de instrucción con el objeto de revelar la identidad de los testigos y generales temor para que se retractaran o no contribuyeran con la justicia en el desarrollo del proceso. Al menos dos testigos claves recibieron amenazas en este contexto. 149. La CIDH advierte que si bien en 1999 la Fiscalía Regional Delegada ordenó que se investigara la posible violación a la reserva sumarial denunciada por Judith Carvajal, no consta que se hubiesen efectuado medidas concretas al respecto o que se haya producido algún resultado. Por el contrario, se observa que ante 32