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En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes
medidas de reparación:
Reparar integralmente a las víctimas directas en el presente caso y a los familiares de
Antonio Tavares Pereira: su esposa Maria Sebastiana Barbosa Pereira, y los hijos de
ambos, Ana Lúcia Barbosa Pereira, Ana Cláudia Barbosa Pereira, Samuel Paulo Barbosa
Pereira y Ana Ruth Barbosa Pereira, a través de medidas de compensación pecuniaria y
de satisfacción que abarquen los daños materiales e inmateriales ocasionados como
consecuencia de las violaciones expuestas en el Informe de Fondo.
1.

Disponer las medidas de atención de salud física y mental necesarias para la
rehabilitación de las 185 víctimas directas del presente caso y de los familiares de Antonio
Tavares Pereira, si así fuese su voluntad y con su acuerdo.
2.

Emprender una investigación de manera diligente, imparcial y efectiva, dentro de un
plazo razonable, para esclarecer los hechos de forma completa e imponer las sanciones
que correspondan a las violaciones de derechos humanos expuestas en el Informe de
Fondo.
3.

Disponer medidas de capacitación dirigidas a los cuerpos de seguridad que actúan en
el contexto de manifestaciones y protestas. Estas capacitaciones deberán ser de carácter
permanente e incluir currícula en derechos humanos que, especialmente, contenga los
estándares del presente informe, a fin de que se conozcan los principios de
excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad a los que debe ajustarse el uso de la
fuerza.
4.

Además de la necesidad de obtención de justicia y reparación por la falta de cumplimiento de las
recomendaciones del Informe de Fondo, la Comisión considera que el caso presenta cuestiones de orden
público interamericano. El caso permitirá a la Honorable Corte desarrollar y consolidar su jurisprudencia
respecto de los estándares aplicables en materia de uso de la fuerza en contextos de protesta, en particular
tratándose de protestas de trabajadores rurales relacionadas con la reivindicación y distribución de las
tierras. Asimismo, la Corte podría profundizar su jurisprudencia respecto de los deberes de los Estados
aplicables en materia de prevención del uso excesivo de la fuerza en dichos contextos.
En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público interamericano,
de conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión se permite
ofrecer la siguiente declaración pericial:
Perito/a, cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre las obligaciones
de los Estados en materia de uso de la fuerza en contextos de protesta, en particular protestas de
trabajadores/as rurales relativas a la reivindicación y distribución de las tierras, especialmente cuando
ello ocurre en un contexto de grave violencia en su contra. En la medida de lo pertinente, el/la perito/a se
referirá a otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos y al derecho comparado.
Para ejemplificar el desarrollo de su peritaje, el/la perito/a podrá referirse a los hechos del caso.
El CV del/a perito/a propuesto/a será incluido en los anexos al Informe de Fondo No. 6/20.

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