que no se refieren al señor Gutiérrez Soler o sus familiares, o cuyas circunstancias de modo, tiempo y lugar no fueron suficientemente detalladas y que no permiten evaluar su eventual relación con una situación actual de riesgo vinculada al caso16; y d) hechos vinculados a países distintos de Colombia y a autoridades de otros Estados 17. 9. Por otra parte, el señor Gutiérrez Soler señaló que se presentaba una situación de “gravedad” dado que “la raz[ó]n de su exilio a los Estados Unidos de Am[é]rica fue por las retaliaciones del [E]stado despu[é]s del fallo que […e]miti[ó…] la [C]orte” 18. También expresó que “[t]an urgente[s] fueron las retali[a]ciones que […] tuvi[eron] que […r]eali[z]ar todo lo posible para poder partir al exilio”. Se refirió también a un “daño irreparable”, explicando que “[e]l daño fue tan grande que […] hasta la fecha no se [h]a podido estable[c]er un tratamiento de recuperaci[ó]n física ni psico[ó]gica, como es el caso particular de Paula Camila Gutiérrez Reyes” (hija de Ricardo Gutiérrez Soler y Yaqueline Reyes), “[quien] padec[í]a un autismo de nivel [b]ajo y por los hechos ocurridos [s]e encuentra en un estado bastante delicado”19. 16 Entre tales hechos, cabe mencionar las siguientes referencias en la documentación allegada por el representante: 1) respecto al señor Gutiérrez Soler: a) que él en varias ocasiones fue maltratado e insultado por policías; b) que su médico ha sido v[í]ctima de violaciones […] por parte de miembros del gobierno colombiano”; 2) respecto a Yaqueline Reyes, que: a) a raíz de su compromiso con el señor Gutiérrez Soler, ella “h[a] sido v[í]ctima de maltratos” por parte de “funcionarios del [E]stado” que dejaron “[c]icatri[c]es tanto en su rostro como en sus manos”; b) que en una oportunidad estaba con su esposo “en un lugar público con un abogado, y al otro del cuarto había un hombre con un arma de fuego que no paraba de observar[l]os de una manera desafiante”; 3) respecto a Leydi Caterin Gutiérrez Peña, que ella considera violentada su privacidad porque al utilizar el buscador de internet “google”, nota que “todo el mundo tiene acceso a las declaraciones que realizamos la primera vez”, y porque “se publi[có] un libro” sin que ella diera su consentimiento. El documento allegado por el representante en el que se refieren los señalamientos de Leydi Caterin Gutiérrez Peña refiere también un padecimiento sufrido por ella por el “bull[y]ing[,] porque todo el mundo conoce que le pasó a [su] papá, a [su] tío y a [sus] familiares”. Dicho documento no especifica a qué declaraciones y libro se refiere, y tampoco explica las circunstancias del “bullying” aludido, ni si ya aconteció o se considera un riesgo. 17 Fue allegada a la Corte una narración del señor Gutiérrez Rubiano sobre hechos posteriores a los indicados (supra Considerando 7) que involucran a autoridades de Estados distintos de Colombia. Así, el señor Gutiérrez Rubiano expresó que luego de los últimos seguimientos referidos (supra Considerando 7), se fue a México, “para informarle a la cancillería de esa ciudad lo que estaba pasando”, lo que no pudo hacer porque “no encontr[ó] a nadie”, y que con posterioridad intentó ingresar a Guatemala, pero que al llegar a la frontera fue despojado de sus pertenencias siendo objeto de amenazas, y que “una vez [que] pud[o] escapar de [sus] captores” se dirigió hacia Tegucigalpa, Honduras, donde trató de explicarle al Canciller colombiano su situación, recibiendo respuestas “evasivas”. Indicó también que finalmente el Canciller le dio un billete de cien dólares norteamericanos, que era falso, por lo que fue golpeado por policías hondureños, quienes le produjeron cicatrices y hematomas visibles hasta la fecha. Explicó que los policías le apuntaron con un fusil pero al ver su documentación lo dejaron ir. Afirmó que entonces se instaló en una “vereda” cercana a Tegucigalpa por un tiempo próximo a un mes y medio durante el cual trató de contactar a la “cancillería local”, que “nunca respondió”, pero sí envió patrullas de policía para monitorearlo. Manifestó también que “[e]n ese enton[c]es” se recibieron varias llamadas en su residencia en Estados Unidos de América, “directas desde la presidencia de Honduras” en las cuales le decían a su familia que “[lo] sacaran o [lo] iban a meter preso”. Por tal motivo, según su relato, emprendió su regreso a Estados Unidos de América, siendo “obstaculi[z]ado en i[n]migraci[ó]n entre [H]onduras y Guatemala”, pero luego siguió hacia México donde fue “abordado” por oficiales y “el 7 de agosto de 2015 estando en […] el centro de retención” migratorio fue visitado por muchas personas que lo hostigaron y amenazaron. Relató que luego expuso su situación a la autoridad de dicho centro de retención, quienes lo pusieron en contacto con “funcionarios de CNDH en México”, y que luego su “abogada de oficio” le explicó que él no podía ser enviado a Colombia por el riesgo que sufría. Señaló que luego fue golpeado por tres personas que le dijeron “no se meta con el gobierno m[á]s gran hp (sic) o lo matamos”, y que “en ese momento efectivos de la unidad de detenci[ón]” irrumpieron en los dormitorios e hicieron un cateo, provocando una fractura en su mano derecha, por lo que fue remitido a un hospital en la ciudad de México. Indicó que después dejaron que él se fuera, y que regresó a Estados Unidos de América. Una vez allí, según explicó, los hostigamientos y amenazas siguieron, que fue objeto de golpes y burlas, y que en una ocasión lesionaron su rostro con un líquido, señalándole que era “para que se quede callado”. Informó que presentó denuncias de esto ante autoridades norteamericanas, “por ejemplo”, el 15 de mayo de 2016, y que además hizo una “denuncia ante la CIA”. Agregó que “en mayo del 2017 qued[ó] consignado en la policía local de West Palm Beach el reporte de polic[í]a en el que indica que personas descono[c]idas irrumpieron en [su] residencia […] y robaron tres discos duros con información sobre el caso y otras cosas muy importantes [y d]os computadoras port[á]tiles”. Finalmente aseveró que “en [su] poder se encuentra un reporte de la polic[í]a local de los Estados Unidos en la que se deja por claro que el asunto del que fue v[í]ctima y una nota que dec[í]a ‘para Ricardo’”. 18 También consideró de “gravedad” la “omisión por parte del Estado [de] informa[r] a la […C]orte que manten[ía] comunicaci[ó]n con las v[í]ctimas”. 19 Agregó el señor Gutiérrez Soler, vinculándolo específicamente con el “daño irreparable”, que él fue “visitado por dos miembros del Estado”, y que “Leonardo [Gutiérrez Rubiano] en 2010 se dirigi[ó] a Colombia para tratar de estable[c]er -5-