4 7. Los informes presentados por el Estado los días 2 de septiembre y 21 de noviembre de 2002, así como el informe extraordinario presentado el 13 de diciembre de 2002, mediante los cuales señaló, inter alia, que: a) existe dificultad para garantizar la vida y la integridad de las personas que integran la Comunidad de Paz, ya que algunos de sus miembros no permiten el ingreso de los órganos y agentes estatales a la misma, por lo que reiteró la necesidad de la presencia de las instituciones legalmente constituidas, como la Fiscalía General de la Nación, para dar cumplimiento a las medidas provisionales; b) el Batallón de Ingenieros Bejarano Muñoz mantiene una compañía efectuando control militar en el área y la XVII Brigada del Ejército Nacional estuvo realizando constantes patrullajes a la vía de acceso al corregimiento y ha ofrecido un vehículo y un conductor para llevar los abastecimientos a la Comunidad de Paz. Igualmente, la Policía Nacional continuó atenta a prestar seguridad a todos los vehículos que sacan o ingresan víveres desde y hacia el corregimiento de la zona urbana de San José de Apartadó; c) el Programa Presidencial para Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario entregó a los miembros de la Comunidad de Paz cargadores de batería para el manejo de radiotransmisores para comunicaciones dentro de los cascos urbanos del corregimiento de San José de Apartadó y la vereda La Unión para el fortalecimiento del mecanismo de alertas tempranas. La Dirección de Derecho Humanos del Ministerio del Interior convocó a los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales (en adelante “los representantes”) para determinar qué acciones del Programa de Protección eran necesarias para garantizar la seguridad de los miembros de la Comunidad de Paz, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta. El 28 de noviembre de 2003 se celebró una reunión entre delegados del Estado e integrantes de la Comunidad de Paz para dar seguimiento a las medidas provisionales, y d) existen veinticuatro procesos penales abiertos por las denuncias formuladas por miembros de la Comunidad de Paz. La Procuraduría Delegada abrió la indagación preliminar por la posible participación de militares en la muerte de la señora Gilma Rosa Graciano y otros hechos relacionados con ésta. Por otra parte, el Estado señaló que ha avanzado en la práctica de pruebas, a pesar de los inconvenientes para el ingreso a la Comunidad de Paz, la falta de debida colaboración por parte de los miembros de dicha comunidad con la Fiscalía para las investigaciones en curso y la presencia de grupos armados ilegales de diferentes tendencias delictivas. La Procuraduría General de la Nación creó la Comisión Especial Disciplinaria para la investigación de los hechos que afectaron a los miembros de la Comunidad de Paz, que tiene a su cargo seis procesos disciplinarios, los cuales no han podido avanzar por la falta de colaboración de los miembros de la Comunidad de Paz en estas investigaciones disciplinarias. Sin perjuicio de que se concertara un mecanismo de evaluación de la Comisión de Impulso de las Investigaciones, era apremiante para el avance de las investigaciones en curso que no se obstaculizara la labor de las autoridades judiciales que se desplazaban a la Comunidad de Paz con el propósito de recaudar pruebas.