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a)
la Unidad del Batallón de Ingenieros Bejarano Muñoz, la XVII Brigada del
Ejército Nacional y la Policía Nacional mantienen las acciones de control
tendientes a brindar seguridad permanente en la zona, así como seguridad
perimétrica de la localidad mientras se desarrollan las diligencias judiciales.
Estas acciones han sido tomadas por el ejército y la Policía Judicial sin ingresar
al casco urbano ni rodear y apostar tropas con armas hacia el caserío. Además,
informó que el Ministerio del Interior aprobó proporcionar a los miembros de la
Comunidad de Paz un medio de comunicación satelital y que se está
gestionando ante la Policía Nacional la autorización para la utilización de radios
de comunicación entregados por la Red de Solidaridad a la Comunidad de Paz;
b)
en lo relativo a los procesos de concertación sobre la adopción de las
medidas provisionales, los días 29 y 30 de octubre de 2003 delegados del
Estado y de los beneficiarios de las medidas realizaron una visita a la zona con
el propósito de reunirse con las autoridades locales y dar cumplimiento a los
acuerdos establecidos;
c)
en cuanto al desarrollo de las investigaciones, la Fiscalía General de la
Nación adelantó diligencias judiciales de recaudo de pruebas, en las cuales
obtuvo material suficiente que permite identificar a algunos posibles autores de
los hechos denunciados, y capturó a una persona por los hechos ocurridos el 19
de febrero de 2003 en San José de Apartadó. A su vez, reiteró la falta de
cooperación del Consejo Interno de la Comunidad de Paz con las autoridades
competentes y señaló que no acepta las afirmaciones de los representantes
relacionadas con la evaluación de la Comisión de Impulso de las
Investigaciones, porque confía plenamente en las autoridades legítimamente
constituidas y establecidas para administrar justicia;
d)
las denuncias por los hechos ocurridos el 18 de abril de 2003 en el
Barrio “El Magnolio”, por la presunta detención arbitraria del señor Pedro
Oquendo David, así como por la muerte de la niña Mileidy Dayana Tuberquia
Salas, fueron remitidas a las autoridades competentes para su verificación y el
inicio de la correspondiente investigación. Asimismo, la Defensoría del Pueblo
acudió al Consejo Superior de la Judicatura para que estudiara la posibilidad de
que las investigaciones respecto de algunos hechos acaecidos en San José de
Apartadó fueran adelantadas por la justicia ordinaria y la Procuraduría Delegada
para las Fuerzas Militares;
e)
dentro de la operación militar denominada “Fortuna”, tropas del Batallón
de Ingenieros Bejarano Muñoz decomisaron explosivos transportados en un
vehículo de servicio público.
Como resultado de dicho operativo, nueve
personas, entre ellas algunos miembros del Consejo Interno e integrantes de la
Comunidad de Paz, fueron detenidos y dejados a disposición de la Fiscalía con
el propósito de adelantar la investigación penal correspondiente. Asimismo, las
presuntas irregularidades de la detención de estas personas fueron puestas en
conocimiento de las autoridades correspondientes.
La detención de los
miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz denunciada por los
representantes ocurrió en un retén instalado por la Policía de Carreteras, en
cumplimiento de sus funciones de registro y control y una vez concluido este
procedimiento se les permitió continuar su trayecto, y
f)
no existe tolerancia con los grupos de autodefensa ilegales que operan
en la zona por parte de la Fuerza Pública.
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