Asimismo, la CIDH encontró que los más de 20 años transcurridos, sin que se haya cumplido con la ejecución de ninguna de las 13 sentencias, resulta manifiestamente irrazonable. En este sentido, la CIDH consideró que la falta de cumplimiento de las sentencias no se debe ni a la complejidad del asunto ni a la alegada falta de actividad procesal en las causas por parte de los docentes, sino a la conducta de las autoridades estatales. Así, la Comisión determinó que el Estado también es responsable por la violación a la garantía de plazo razonable establecida en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Por último, la Comisión también consideró que el Estado chileno es responsable por la violación del derecho a la propiedad privada de los beneficiarios de las 13 sentencias, pues éstas, al reconocer los montos adeudados, los incorporó al patrimonio de las víctimas. En suma, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos al debido proceso, a la propiedad privada y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8.1, 21, 25.1 y 25.2 c) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. El Estado depositó su instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de agosto de 1990. La Comisión ha designado al Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como sus Delegados. Asimismo, Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge Humberto Meza Flores y Paulina Corominas Etchegaray, como abogadas y abogado de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como Asesoras y Asesor Legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe Nº 12/19 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del citado informe (Anexos). El Informe de Fondo fue notificado al Estado de Chile el 3 de abril de 2019, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado chileno dio respuesta al informe de fondo el 20 de mayo de 2019, solicitando desde esa fecha, un total de tres prórrogas para cumplir con las recomendaciones del informe. La Comisión otorgó tres prórrogas al Estado y convocó a las partes a una reunión de trabajo, en el marco de su 174 ° periodo de sesiones. En su comunicación de 3 de diciembre, el Estado argumentó que los acontecimientos ocurridos recientemente en el país han complejizado el funcionamiento de los órganos públicos y por ello no ha podido proporcionar una respuesta en tiempo. En dicha oportunidad, el Estado señaló que “se pronunciar[ía] respecto de la oferta de acuerdo de cumplimiento de recomendaciones a más tardar el viernes 13 de diciembre del presente año”. Tras haber sido otorgada la prórroga para tales efectos y no obstante el transcurso del tiempo, la Comisión encuentra que a la fecha, el Estado de Chile no ha presentado información sobre medidas concretas que hubieran sido adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones, ni solicitado una nueva prórroga para cumplir con las mismas. En vista de lo anterior, la CIDH somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe Fondo Nº 12/19, por la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas y sus familiares. 2

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