petición indica que las AUC anunciaron su intención de llevar a cabo una incursión y que estas
amenazas fueron debidamente puestas en conocimiento de las autoridades. En este contexto,
alegan que el 22 de octubre de 1997 aproximadamente 30 hombres armados y vestidos con
prendas de uso militar llegaron al corregimiento de Puerto Valdivia, que cuenta con la continua
presencia del Ejército, y se dirigieron al Corregimiento de El Aro cometiendo a su paso atroces
actos de violencia contra la población civil, con la aquiescencia de agentes del Estado. Durante
su recorrido, tres grupos paramilitares torturaron y ejecutaron a miembros de la comunidad,
destruyeron e incendiaron las humildes viviendas que encontraban a su paso, impidieron el
ingreso o salida de cualquier habitante del corregimiento y robaron ganado de las fincas.
7. El relato de los peticionarios indica que el 22 de octubre de 1997 en Puerto Valdivia el
primer grupo paramilitar ejecutó a los señores Omar Ortiz y Fabio Antonio Zuleta Zabala,
agricultores residentes de El Puquí. Asimismo, irrumpió en la finca La Planta y asesinó al señor
Arnulfo Sánchez. Una vez arribado al embarcadero de Puerto Escondido, el grupo ejecutó al
señor Omar Iván Gutiérrez en presencia de su esposa y sus hijas menores y procedió a lanzar
al río la carga perteneciente a los pobladores, que se encontraba guardada en la bodega,
propiedad del señor Gutiérrez. Posteriormente el grupo ejecutó a los señores Olcris Fail Díaz,
José Darío Martínez y Otoniel de Jesús Tejada. El sábado 25 de octubre de 1997 dicho grupo
paramilitar llegó al corregimiento de El Aro y asesinó en una tienda al propietario del
establecimiento, el señor Guillermo Andrés Mendoza Poso, al señor Luis Modesto Múnera,
obrero del municipio de Ituango y al señor Nelson Palacio Cárdenas, agricultor.
8. Conforme alegan los peticionarios, los otros dos grupos de paramilitares llegaron a El Aro
desde el municipio de Briceño, donde destruyeron los puentes de Palestina e Ituango.
Sostienen que estos grupos asesinaron al niño Wilmar Restrepo Torres, de trece años de edad,
y al señor Alberto Correa mientras se encontraban realizando labores agrícolas. Los primeros
miembros del grupo en llegar a El Aro se dirigieron a la casa del señor Marco Aurelio Areiza
Osorio y su compañera Rosa María Posada, de quienes exigieron alimentos y una vaca.
Posteriormente, habrían retenido al señor Areiza Osorio en una vivienda donde fue torturado y
ejecutado. Testigos habrían confirmado que la víctima presentaba señales de tortura en los
ojos, los oídos, el pecho, los órganos genitales y la boca. Sin embargo, fue enterrado sin que
se realizara acta de levantamiento del cadáver o certificado de defunción alguno, debido a la
ausencia de autoridades oficiales. Asimismo, sostienen que el 30 de octubre de 1997 fue
asesinada la joven Dora Luz Areiza. Los peticionarios alegan que los paramilitares también
torturaron y ejecutaron a Rosa Barrera, quien se desempeñaba como empleada doméstica de
la Iglesia, en un salón anexo al templo.
9. Los paramilitares destruyeron e incendiaron 40 casas del casco urbano del corregimiento El
Aro. Sólo quedaron en pie la capilla, el puesto de salud y ocho viviendas. Finalmente,
permitieron a los pobladores salir del lugar con la advertencia de que debían mantenerse
alejados durante al menos dos meses y que quienes declararan ante las autoridades o los
medios de comunicación serían ejecutados. Como consecuencia, cerca de 800 familias se
desplazaron al municipio de Puerto Valdivia y al corregimiento de Santa Rita.
10. En cuanto al robo de ganado señalan que los paramilitares, con la guía forzada de los
pobladores, arriaron los animales hasta Puerto Valdivia donde habrían permanecido por unos
diez días en la finca “La Planta”. Los peticionarios alegan que a pesar de tener conocimiento de
la situación, las autoridades militares y judiciales se abstuvieron de adoptar acción alguna.
Finalmente, el ganado fue trasladado al municipio de Tarazá. Señalan que en un comunicado
de prensa publicado en el periódico “El Colombiano”, Carlos Castaño Gil informó a los dueños
del ganado que podían reclamarlo en ese lugar. Sin embargo no le habría sido devuelto a los
campesinos que así lo hicieron y las autoridades habrían continuado silenciosas.
11. Con relación a la actuación de los agentes del Estado, alegan que el Ejército sólo se hizo
presente en El Aro tres semanas después de la incursión paramilitar. A pesar de las reiteradas
alertas tempranas a las autoridades, la presencia de los medios de comunicación que
documentaron la devastación en el casco urbano y los testimonios de algunos campesinos que
habían regresado a sus hogares, la fuerza pública no se hizo presente en el lugar con el objeto
de proteger a la población civil. Los alegatos de los peticionarios no sólo se refieren a las
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