27 declaración de paros cívicos y laborales y la fuerza militar alcanzada en las guerrillas tanto de las FARC como del ELP fueron la justificación para que en 1988 el gobierno creara la Brigada XI en Montería, la Brigada Móvil Número Uno y la Jefatura Militar de Urabá. El conflicto social se convirtió entonces en un enfrentamiento militar. Entre 1988 y 1990 hubo más de 20 masacres de campesinos y sindicalistas cometidas por los paramilitares con no menos de 200 muertos. Fidel Castaño llevó a cabo desde “Las Tangas”, con la tolerancia y colaboración de la Fuerza Pública, las masacres de Currulao (15 asesinados), Buenavista, Córdoba (28 asesinados), Punta Coquitos, Turbo (26 muertos), Canalete, Córdoba (16 víctimas), Pueblo Bello (43 campesinos desaparecidos y asesinados). El 14 de abril de 1990 5 personas más fueron asesinadas en Valencia; el 16 de abril de 1990 6 campesinos más fueron ejecutados, en Apartadó; en octubre 19 del mismo año, 6 personas más fueron asesinadas; y el 25 de octubre de 1990, sucedió lo mismo en Tierralta a otros 12. En abril de 1990 en “Las Tangas” aparecieron seis cadáveres de los presuntos desaparecidos en Pueblo Bello. l) Peritaje de Carlos Martín Beristain sobre los daños psicosociales que los hechos ocasionaron a los familiares de las personas presuntamente desaparecidas y privadas de su vida, así como sobre su entorno en el corregimiento de Pueblo Bello El señor Beristain manifestó que los hechos acontecidos en Pueblo Bello tuvieron un impacto masivo debido a la cantidad de presuntas víctimas, el carácter público de las capturas y posterior desaparición de las mismas, así como el contexto de indefensión en que se desarrollaron los sucesos. Por otro lado, se ha generado un sentimiento de injusticia e indefensión en los familiares, quienes sufrieron un grado importante de “victimización secundaria” por la falta de respuesta, cuestionamiento de su dignidad y amenazas frente a sus intentos de búsqueda. Asimismo, se produjo en los familiares un cuestionamiento del sentimiento de seguridad y protección por parte del Estado en un contexto de ausencia de respuesta a sus demandas de búsqueda, con vivencias subjetivas de complicidad y encubrimiento por parte de diferentes autoridades, así como la percepción de desprecio. Además, se han visto afectados por un alto grado de frustración y desesperanza refiriendo una ausencia de respuesta a sus demandas ante las autoridades, gestiones y movilizaciones. Los aspectos que han tenido un mayor impacto psicosocial son: a) ausencia total de condiciones para el reconocimiento de los restos en el hospital de Montería; b) falta de acompañamiento o atención a las necesidades psicológicas de los familiares; c) el miedo producido por la falta de garantías que impidió que otros familiares pudieran acercarse al hospital o participar en los procedimientos de identificación; d) el empeoramiento de la situación psicológica de los familiares después de haberse confrontado con los “detalles del horror”, sin ningún tipo de apoyo. Luego de los hechos “se instaló un clima de miedo [y] desolación en el pueblo y una alteración total de la vida cotidiana”. Los familiares presentan numerosos problemas de estrés, debido a la situación de sus propiedades, las cuales se han visto afectadas por el contexto de emergencia y desplazamiento forzado. Ello ha sido “un factor clave en la desintegración familiar y comunitaria”. Actualmente, el 75% de la