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De acuerdo con los dictámenes médicos aportados al expediente, como resultado de estas agresiones el
señor Chavarría resultó con fractura en dos costillas y con lesión en la cabeza, abdomen, pecho, espalda, entre
otras. Su hija Cindy Alicia Chavarría Alonso, presentó hematomas en el lado superior derecho del labio,
equimosis en el lado izquierdo de la cara, hematoma en la cara externa de su pierna derecha y equimosis en la
pierna derecha. Jeffer Joaquín Chavarría Alonso resultó con una herida abierta, moretones en el cuello, en el
tórax, en el omóplato izquierdo, en la región lumbar y en el antebrazo izquierdo; mientras que su hijo Jaime
Antonio Chavarría Alonso, perdió la conciencia el día de los hechos, por lo que fue llevado al hospital y resultó
con trauma cráneo encefálico grado 1, trauma cerrado en el tórax, herida frontal, múltiples golpes en el cuerpo,
fractura del metacarpo izquierdo y de la mano izquierda, entre otras heridas.
Debido al cierre del Centro de Verificación antes de la hora establecida por el CSE, el señor Chavarría
presentó, el mismo día, de manera verbal y escrita una denuncia ante las autoridades del Centro de Verificación
y de la Ruta Electoral de Verificación y posteriormente, el 14 de agosto de 2008 acudió al Consejo Electoral
Municipal (CEM) para denunciar tanto los hechos de violencia como la falta de respuesta institucional. Sin
embargo, dichas autoridades se negaron a recibir las denuncias. Ante esta negativa, el 18 de agosto de 2008, el
señor Chavarría acudió al Consejo Electoral Departamental (CED), el 26 de agosto de 2008, presentó una nueva
denuncia ante el CSE y paralelamente denunció ante la Fiscalía Electoral, sin embargo, no obtuvo
pronunciamiento con respecto a dichas denuncias.
Adicionalmente a las denuncias en la vía electoral, el señor Chavarría presentó una denuncia ante la
Policía Nacional, quienes realizaron la toma de las declaraciones a las víctimas y de seis testigos. Entre el 29 y
31 de julio de 2008, también se les practicó a las víctimas, valoración médico legal por el Instituto de Medicina
Legal. El 11 de noviembre de 2009, el Ministerio Público ejerció acción penal en contra de tres individuos como
presuntos responsables de los delitos de lesiones graves y amenazas en perjuicio del señor Chavarría y otros
miembros de su familia. La acusación penal fue radicada en el Juzgado Octavo Distrito Penal de Audiencias de
Managua.
El 27 de enero de 2010, el Juez de la causa rechazó la acusación por considerar que no especificaba la
participación individual de las personas señaladas como responsables, por lo cual el día siguiente el Ministerio
reformuló la acusación penal, la cual fue nuevamente rechazada al considerar que no se especificaban las
circunstancias de los hechos. El 27 de julio de 2010 el Ministerio Público reformuló nuevamente la acusación,
sin embargo, en la audiencia del 21 de octubre del 2010, el Juez nuevamente resolvió rechazar la acusación, al
considerar que no se habían aportado elementos nuevos ni realizado las correcciones señaladas previamente.
El Ministerio Público cesó el impulso de la acción penal y el 4 de mayo de 2016 el Poder Judicial decidió el
archivo de la causa. Ninguna de las resoluciones fue notificada a las víctimas.
El 11 de noviembre de 2009, el señor Chavarría y algunos miembros de su familia presentaron dos
denuncias adicionales. La primera contra seis individuos a quienes identificó como los dirigentes sandinistas
detrás de los actos de violencia y la segunda denuncia contra cinco fiscales por los delitos de abuso de autoridad
o funciones, incumplimiento de deberes y omisión del deber de perseguir delitos. La jueza de la primera causa
canceló la celebración de la audiencia bajo el argumento de no haberse encontrado las direcciones de las
personas señaladas como responsables y la segunda fue declarada improcedente por el Juez. Las resoluciones
emitidas por ambos juzgados no fueron notificadas a las víctimas.
Paralelamente, el señor Chavarría realizó varias denuncias con respecto a la falta de actuación del
Ministerio Público y a la falta de respuesta, incluyendo una el 28 de julio de 2009 ante la Fiscalía General de la
República y una el 8 de septiembre de 2014 ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
pero tampoco se informó que haya obtenido respuesta.
A partir de las denuncias presentadas en materia electoral y penal por el cierre del Centro de
Verificación y los hechos ocurridos el 27 de julio de 2008, el señor Chavarría y su familia denunciaron haber
recibido diversos actos de intimidación y amenazas en su contra, incluyendo agresiones verbales y físicas, los
cuales se intensificaron a partir de la notificación de la petición presentada ante la CIDH. En particular, el 2 de
julio de 2014, el señor Chavarría denunció ante la Policía Nacional que ese día, su nieto fue golpeado por dos
jóvenes integrantes del grupo Juventud sandinista y del Consejo del Poder Ciudadano. Como consecuencia del
acoso policial y amenazas por personas desconocidas, en mayo de 2014, el hijo del señor Chavarría, Jaime
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