36 militares eran ‘totalmente falsas’ y que habían sido inventadas por los subversivos”113. No existe evidencia sobre investigaciones de ninguna naturaleza que se hubieran iniciado con ocasión a las masacres antes de 1990. 116. La denegación de lo sucedido se extendió a la comunidad internacional que no reaccionó ante las denuncias de las masacres. A título de ejemplo, los periodistas Alma Guillermoprieto y Raymond Bonner del Washington Post y del New York Times, respectivamente, publicaron sendos informes el 27 de enero de 1982, proporcionando la primera evidencia de que el ejército salvadoreño “había incurrido en un brutal asesinato de civiles”. En los documentos se hace referencia a más de 700 campesinos asesinados, principalmente niños, mujeres y adultos mayores114. Ambas notas de prensa fueron descalificadas como “propaganda del FMLN” por otros medios de comunicación estadounidenses. Por su parte, el gobierno de ese país indicó que “no había pruebas para confirmar que las fuerzas gubernamentales habían masacrado civiles en las zonas de operación” agregando que “no había probablemente más que 300 personas que vivían en El Mozote al momento de la masacre”. La información disponible indica que estas versiones se basaron en un informe preparado por la embajada norteamericana en San Salvador, sin haber visitado el lugar de los hechos115. C. La investigación penal 117. Entre 1981 y 1990, no se adelantaron investigaciones judiciales sobre las masacres en El Mozote y lugares aledaños116. 118. Como se indicó anteriormente, la mayoría de los sobrevivientes de las masacres se refugiaron en la República de Honduras por varios años. Debido a ello, fue recién al inicio de la década de los 90, cuando muchos de ellos retornaron a El Salvador, que tuvieron la iniciativa de testificar los hechos y presentar denuncias117. Varios testigos refirieron que durante mucho tiempo se abstuvieron de denunciar lo sucedido por temor118. 119. La denuncia inicial fue presentada el 26 de octubre de 1990 por el señor Pedro Chicas Romero, originario del cantón La Joya, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera (en adelante también “el Juzgado Segundo”). Con base en la información que se había recabado en ese momento, el señor Pedro Chicas Romero denunció lo siguiente: 113 Reporte del IDHUCA. Consideraciones sobre la impunidad a propósito de la masacre del El Mozote. Número 451 de 7 de noviembre de 1990 (citando: “Weakness and deceit, 1984 Raymond Bonner, p. 340”). 114 Americas Watch. La masacre en El Mozote: La necesidad de recordar. 4 de marzo de 1992. (Anexo al escrito de los peticionarios de 24 de abril de 1992); Citar las notas de prensa directamente. 115 Americas Watch. La masacre en El Mozote: La necesidad de recordar. 4 de marzo de 1992. (Anexo al escrito de los peticionarios de 24 de abril de 1992); y Reporte del IDHUCA. Consideraciones sobre la impunidad a propósito de la masacre del El Mozote. Número 451 de 7 de noviembre de 1990 (citando: “Weakness and deceit, 1984 Raymond Bonner, p. 340”). Cabe mencioar que de acuerdo al Infome de Americas Watch, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en El Mozote había al menos 1000 personas para el momento de los hechos. 116 Nota del Secretario del Juzgado de Segunda Instancia de San Francisco Gotera. Expediente judicial. (Anexo 2 al escrito de los peticionarios de 7 de julio de 2006). 117 Tutela Legal del Arzobispado. Las ejecuciones masivas en el caserío El Mozote y otros sitios aledaños. 23 de julio de 1992 (Anexo al escrito de los peticionarios de 11 de noviembre de 2002. 118 Declaración ampliatoria de Pedro Chicas Romero ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera. 31 de octubre de 1990. Expediente judicial. (Anexo 2 al escrito de los peticionarios de 7 de julio de 2006); y Declaración de Eustaquio Martínez Vigil ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera. 20 de marzo de 1991. Expediente judicial. (Anexo 2 al escrito de los peticionarios de 7 de julio de 2006).