41 tres personas propuestas para la realización de las exhumaciones134. El 22 de abril de 1992 el Instituto de Medicina Legal remitió la nómina de profesionales que estarían a cargo de las autopsias relacionadas con la causa135. 134. Mediante comunicado de prensa de 8 de abril de 1992, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado denunció irregularidades que hasta el momento se estaban cometiendo en las investigaciones y se efectuaron solicitudes concretas a autoridades estatales. Entre las irregularidades, se denunciaron: - - - El 8 de mayo de 1991, cuando la evidencia testimonial comprobaba ampliamente la responsabilidad de la Fuerza Armada, el Juez de la causa suspendió temporalmente el examen de testigos, aduciendo que se dedicaría a realizar las diligencias para comprobar el cuerpo del delito, como la inspección en el lugar de los hechos, exhumaciones y autopsias. Estas diligencias estaban ordenadas desde el 9 de noviembre de 1990, sin embargo, hasta la fecha no han sido realizadas y el examen de testigos continúa suspendido sin razón legal. Una vez los miembros del EAAF estaba en El Salvador, el Juez de la causa se negó sistemáticamente a señalar fecha para la inspección y exhumación, dando credibilidad a los rumores sobre campos minados en el área de El Mozote, a pesar de que pobladores del lugar que transitan el área manifestaron la falsedad de esos rumores. Esto además ha sido comprobado por la prensa nacional y extranjera que ha visitado la zona. A esto se suma la carta – agregada al proceso – suscrita por el Jefe de la Tercera Región Militar del END-FMLN, quien informa que el 7 de marzo de 1992 se realizó un rastreo y búsqueda de minas, junto con miembros del componente militar de ONUSAL, en virtud de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN de 16 de enero de 1992. Esta carta expresa que “no se encontró ningún artefacto explosivo”. Asimismo, se menciona la certificación del Jefe de Observadores Militares y Comandante de la División Militar de ONUSAL, en la que se establece que la zona estaba “totalmente libre de minas”. Mediante comunicaciones de 19 de junio de 1991, 28 de noviembre de 1981 y 9 de enero de 1992, el Juez de la causa solicitó al Presidente de la República Alfredo Cristiani, como Comandante General de la Fuerza Armada, el listado de los soldados y oficiales que participaron en el operativo militar durante el cual se produjo la masacre de El Mozote, sin recibir respuesta136. 135. En virtud de lo anterior, la oficina de Tutela Legal del Arzobispado solicitó: - Que se señale fecha para la realización de la inspección y exhumaciones de ley. 134 Comunicación del Instituto de Medicina Legal de 30 de marzo de 1992. Expediente judicial. (Anexo 2 al escrito de los peticionarios de 7 de julio de 2006); y Decisión del Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera de 27 de septiembre de 1993 (Anexo al escrito del Estado de 14 de octubre de 1993). 135 Comunicación del Instituto de Medicina Legal de 22 de abril de 1992. Expediente judicial. (Anexo 2 al escrito de los peticionarios de 7 de julio de 2006). 136 Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de 8 de abril de 1992. Comunicado de prensa de 8 de abril de 1992. (Anexo al escrito de los peticionarios de 24 de abril de 1992).