2 b) el señor Tito Ibsen “consiguió un trabajo en una empresa […] y cuando [iba] a oficializar su regencia (responsabilidad profesional de la empresa ante el Gobierno) […] el SENASAG no le entregó tal certificación en más de 25 días[,] cuando la norma dice 48 horas”. Posteriormente, el Gerente de dicha empresa habría explicado a Tito Ibsen que le llamaron tres clientes quienes “lo amenazaron con no comprarle productos si Tito Ibsen seguía trabajando allí, de esa forma la empresa entonces concluyo [su] trabajo”, siendo que nadie excepto el SENASAG tenía conocimiento del trabajo de Tito Ibsen; c) ha habido una ‘‘actitud de intentar cobrar multas inexistentes a través del Servicio de Impuestos por años atrasados, mayores a 5 años cuando éstos aún si tuviesen razón ya han prescrito’’; d) se dio una ‘‘persecución a través del Colegio de Veterinarios de La Paz”; e) se realizó una ‘‘visita del Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores al Fiscal de Distrito de La Paz para presionar en contra de la familia Ibsen’’; f) la existencia de un ‘‘intento de atentado en el Club Bolívar, y en otra oficina de la calle 19 de Obrajes’’; g) recibieron ‘‘amenazas de atentado contra Rebeca Ibsen, de teléfonos para que no asista a la […] audiencia de Juicio”; h) funcionarios del Ministerio Público “iniciaron una campaña de amenazas, amedrentamiento y desprestigio, hostil y abusivo, en contra de los miembros de la familia Ibsen”. Sobre este punto, indicaron como ejemplo que dichos funcionarios habían sostenido que existieron “supuestas agresiones [que] la familia Ibsen [realizó] contra funcionarios públicos” durante el proceso de identificación de los restos exhumados en octubre de 2012; i) funcionarios del Ministerio Público “en varias ocasiones han vertido expresiones de amenaza con procesa[r] judicialmente y declara[r] incompetentes a los miembros de la familia Ibsen” e incluso a su abogado. En específico, “se ha citado a la señora Rebeca Ibsen para hacerle estudios psicológicos con la intención de inhabilitarla como persona en el presente proceso, incluso tratando de incluir asimismo al señor Tito Ibsen”. Debido a estas alegadas expresiones de amenaza es que “la familia Ibsen ya no realiza seguimiento de los cuadernos de investigaciones de los procesos en La Paz y Santa Cruz’’; j) el Estado, por más de dos años, “ha obstaculizado manifiestamente no sólo la búsqueda efectiva de los restos óseos sino también la realización efectiva de los análisis genéticos”. En específico, señalaron que las exhumaciones en octubre de 2012 en el cementerio clandestino de La Madre fueron realizadas por técnicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) bajo la dirección de la Fiscal de Materia de dicho caso, y no así por el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las Desapariciones Forzadas (CIEDEF), “que es la institución técnica-especializada encargada de realizar dichas exhumaciones”. Asimismo, “el tratamiento y manejo de los restos óseos sufrió un evidente manoseo”, “una exposición pública de los restos en el hall de la Fiscalía” y “una falta de adecuado traslado e identificación de los mismos”. Igualmente, existieron “omisiones y negligencias en las que incurrieron funcionarios públicos al tratar de obtener datos bioantropológicos” durante el proceso de identificación de restos, y k) el seguro médico no ha sido implementado de forma integral y mucho menos se goza de servicio efectivo en forma material pues sólo se garantizó la ejecución del mismo hasta finales del año 2013, y luego se cambió el convenio inicial a solo un acuerdo de partes entre el Ministerio de Salud y la Caja Petrolera sin tenerse en cuenta a la parte interesada que es la familia Ibsen.