3 obligado a salir de Ayutla de los Libres y a restringir su accionar como defensora del pueblo indígena tlapaneco; d) las oficinas de OPIT fueron observadas por extraños. Los retenes militares son comunes en las comunidades donde residen los miembros de la OPIT, ocasiones en que estas personas son hostigadas. Además, algunos miembros de dicha organización, quienes habrían estado privados de su libertad, indicaron temer por sus vidas. De acuerdo con lo informado por la Comisión “en el pueblo donde habitan, El Camalote, se rumora que hay gente que […] ‘está esperando para matarlos’”; e) la situación de vulnerabilidad de Inés Fernández Ortega y su familia es manifiesta, tras los acosos de personal militar en su comunidad, sobre todo si se toma en consideración que su caso ante la Comisión, en el que se alega que miembros del ejército la violaron sexualmente, se encuentra en una etapa procesal muy avanzada. La Comisión mencionó que el 3 de febrero de 2009 Fortunato Prisciliano Sierra, esposo de Inés Fernández Ortega, vio a aproximadamente cincuenta militares, con armas largas, buscando algo en una parcela de su propiedad. Resolvió entonces junto con su familia encerrarse en su casa durante ese día, ante el temor de que alguno de ellos fuera detenido e interrogado por los militares. Al día siguiente, Fortunato Prisciliano constató que los militares habían causado diversos daños a la propiedad y le habían robado parte de su cosecha. La Comisión señaló que, de acuerdo con los representantes, la presencia de los militares en esa zona representa un acto de intimidación contra Inés Fernández Ortega y su esposo, así como a otros miembros y dirigentes de organizaciones indígenas; f) el 13 de febrero de 2009 dos líderes indígenas mixtecos del estado de Guerrero, Raúl Lucas Luc��a y Manuel Ponce Rosas, fueron detenidos por tres personas que dijeron ser policías y el 20 de febrero siguiente sus cuerpos sin vida fueron encontrados con presuntas huellas de tortura. Los señores Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas eran dirigentes de la OFPM, a través de la cual trabajaban en iniciativas comunes con los beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión. Luego de su desaparición, sus familiares habrían recibido hostigamientos, así como amenazas en persona y telefónicas por parte de agentes estatales y de desconocidos para que desistan de su búsqueda de justicia. El gobierno estatal no ha llevado a cabo una investigación seria, independiente y efectiva de los hechos de la desaparición y ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, hecho que coloca a sus familiares y a los demás defensores en una situación de extrema vulnerabilidad. Citando a los representantes, la Comisión señaló que las faltas en la investigación han sido tan evidentes que incluso el Congreso Nacional ha exhortado a la Procuraduría General de la República para que atraiga el caso y realice una investigación autónoma que permita a los familiares acceder a la justicia, y g) la organización Tlachinollan, co-peticionaria en el caso de Inés Fernández Ortega ante la Comisión Interamericana, habría sido objeto de descalificaciones públicas por parte de las autoridades civiles y castrenses en el estado de Guerrero. Más grave aún es que entre los días 16 de enero y 20 de marzo de 2009 algunos miembros de Tlachinollan habrían recibido varias amenazas, particularmente, en situaciones en que Obtilia Eugenio Manuel tuvo alguna relación con ellos, y sus teléfonos habrían sido intervenidos. En otra ocasión, el 15 de febrero de 2009 el esposo de Inés Fernández Ortega habría sido preguntado sobre los miembros de Tlachinollan. Asimismo, Obtilia Eugenio Manuel habría recibido llamadas en las que preguntaron de forma intimidante por los nombres de los abogados de dicha organización. Además, en el marco de los hechos relacionados con la desaparición y