-28109. La Corte constata que la Comisión y los representantes formularon alegatos respecto
de una presunta violación al derecho a un juez natural o competente. Al respecto, este
Tribunal considera que en el presente caso no corresponde un análisis de esa alegada
violación, ya que el proceso seguido contra el autor de los hechos estuvo bajo el
conocimiento de la jurisdicción militar por menos de un año y que, posteriormente a la
reapertura de la causa, esta únicamente fue conocida por la jurisdicción ordinaria, la cual
finalmente condenó al responsable. Por tanto, únicamente corresponde un análisis del
impacto que habría tenido en el plazo razonable del proceso el hecho que el proceso se
encontrara por cierto período de tiempo bajo el conocimiento de la jurisdicción militar,
además de la ordinaria119.
110. Con respecto a lo anterior, este Tribunal considera que no surge de la prueba que el
hecho de que el imputado se encontraba durante un período de menos de un año
investigado por la jurisdicción militar y la ordinaria simultáneamente, haya conllevado a la
demora de los procesos. Asimismo, consta que se adelantaron diligencias en ambas
jurisdicciones, sin que este hecho hubiese obstaculizado uno u otro proceso. Además, la
jurisdicción militar nunca reabrió el expediente después de su archivo por la aplicación de la
Ley de Amnistía, por lo que la coincidencia de las dos jurisdicciones no se manifestó durante
el resto del proceso. En consecuencia, este Tribunal no considera que el conocimiento del
caso por la jurisdicción militar por cierto período de tiempo hubiera resultado en una
demora, impidiendo que el proceso penal pudiera ser llevado a cabo dentro de un plazo
razonable.
iii.
Sobre la ampliación de plazos para la ejecución de varias diligencias
111. La Corte nota que el 25 de abril de 1995, 12 de mayo de 2003 y 7 de mayo de 2004
la fiscalía solicitó ampliaciones de los plazos para la ejecución de varias diligencias, las
cuales fueron otorgadas por el juez penal (supra párrs. 47, 65 y 68). Asimismo, el 2 de
agosto de 2005 el juez penal amplió un plazo de oficio por 30 días, para luego inhibirse de
conocer del caso (supra párrs. 70 y 71). El 30 de mayo de 2006 la fiscalía solicitó un plazo
ampliatorio de 20 días, lo cual fue denegado por la Sala Penal Superior, señalando que se
“ha ampliado dicho plazo en reiteradas ocasiones” (supra párr. 73).
112. Por tanto, especialmente en la segunda etapa procesal después de la reapertura del
proceso, fueron otorgadas varias ampliaciones de plazos. Para un caso que no presenta
grandes complejidades fácticas o jurídicas, no consta de la prueba las razones por las cuales
dichas diligencias no pudieron haber sido llevadas a cabo en la primera etapa de la
investigación y de manera más expedita. Por otra parte, la Corte toma nota que dos
tribunales internos diferentes indicaron que se había ampliado el plazo en reiteradas
ocasiones y que uno de ellos, la Sala Penal Nacional, se refirió a que se habría “cumplido en
exceso el plazo de instrucción que señala la ley” (supra párr. 73). En consecuencia, la Corte
establece que la ampliación de varios plazos después de la reapertura del proceso penal ha
tenido un impacto negativo en el plazo razonable del proceso.
iv.
Sobre el archivo del caso por aplicación de la Ley de Amnistía
113. El 11 de septiembre de 1995 el Juzgado Penal declaró fundada la excepción de cosa
juzgada presentada por el encausado basándose en la Ley de Amnistía y dispuso el archivo
definitivo de la causa (supra párr. 59) y, como consecuencia de lo anterior, el imputado fue
puesto en libertad. El 19 de abril de 2001 la parte civil presentó una solicitud de
“desarchivamiento” del proceso y el 21 de enero de 2003 el 16 Juzgado Penal de Lima
119
Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones.
Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párrs. 158 y 159.