3 familiares y representantes4, el Estado informó que “el señor Almonte Herrera se encuentra prófugo de la justicia”, por lo que se “instruyó al Director Central de Investigaciones Criminales [de la Policía Nacional] realizar las pesquisas correspondientes en torno a [su] desaparición”. Asimismo, señaló que los órganos encargados de las investigaciones habrían realizado las siguientes diligencias con el fin de determinar su ubicación y sancionar a los eventuales culpables de su desaparición: a) se han puesto en contacto con los familiares del señor Almonte Herrera; b) han realizado su búsqueda en todo el territorio nacional; c) se han monitoreado las entradas y salidas de personas al país; d) se ha ordenado la realización de necropsias para comprobar si los posibles restos del señor Almonte se encontraban sin declarar en la morgue o algún centro médico; y e) se realizan indagaciones dentro de las filas de la Policía Nacional. Adicionalmente, el Estado remitió un certificado que indica que la Dirección General de Prisiones “no t[iene] constancia de que se encuentre recluido en alguno de los recintos carcelarios bajo [su] control”. 8. En cuanto a los señores Yuverky Almonte Herrera y Joel Almonte, familiares del señor Juan Almonte Herrera, así como los señores Genaro Rincón y Francisco de León Herrera, abogados, el Estado informó que “[se] les ha facilitado a los beneficiarios la seguridad requerida” a través de la Oficina del Jefe de la Policía Nacional. Igualmente, indicó que “desde que se adoptaron las medidas no se ha producido ningún hecho que ponga en peligro la integridad de los beneficiarios”. En cuanto a la señora Ana Josefa Montilla, familiar del señor Almonte, no se encontraría actualmente en la República Dominicana. 9. Los representantes sostuvieron que el Estado dominicano no ha cumplido con la implementación de las medidas provisionales toda vez que no ha determinado el paradero del señor Almonte Herrera. Del mismo modo, afirmaron que ni los abogados ni los familiares del señor Almonte Herrera han sido contactados por el Estado para la implementación de las medidas provisionales, con excepción de dos entrevistas realizadas ante la Procuraduría General de la República. Además, manifestaron su oposición a que la implementación de las medidas de seguridad sea realizada por parte de la Policía Nacional, pues esto debería corresponder a un equipo multidisciplinario. Finalmente, señalaron que los esfuerzos del Ministerio Público para esclarecer el caso y presentar acusación contra los supuestos autores y partícipes han sido insuficientes. Respecto a la situación de riesgo, manifestaron que a julio de 2011 la misma no había variado, “pues sus teléfonos siguen intervenidos, se siente amenazado[s], y viven además con una mayor incertidumbre [por] continuar demandando justicia para la aparición de Juan Almonte y para que el Estado identifique a los responsables […] y lo[s] someta a la justicia”. En cuanto a la señora Ana Josefa Montilla, indicaron que “a pesar de vivir fuera del territorio de la [R]epública Dominicana, […] cuando entra al país sus teléfonos son intervenidos y sigue siendo fuertemente vigilada”, lo que “la tienen en una situación de temor y tensión constante”. 10. La Comisión Interamericana señaló que “la respuesta del Estado no responde a la gravedad y urgencia de la situación” dado que no brindó información específica sobre las acciones que estaría emprendiendo para localizar a Juan Almonte Herrera, ni sobre las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias en que habría desaparecido e identificar y sancionar a los responsables de su desaparición, habiendo “indicios concretos de la presunta participación de agentes estatales en esos hechos”. Al respecto, 4 Cfr. Asunto Almonte Herrera. Medidas Provisionales respecto de República Dominicana. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de mayo de 2010, Considerando séptimo.