- 52 personas indicadas en la misma, en un plazo de un año contado a partir de la notificación de la
presente Sentencia, sin perjuicio de que pueda adelantar el pago completo en un plazo menor.
176. En caso de que la beneficiaria haya fallecido o fallezca antes de que le sea entregada la
cantidad respectiva, esta se entregará directamente a sus derechohabientes, conforme al
derecho interno aplicable.
177. El Estado deberá cumplir con las obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de
los Estados Unidos de América.
178. Si por causas atribuibles a la beneficiaria de la indemnización o a sus derechohabientes no
fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado
consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución
financiera ecuatoriana solvente, en dólares de los Estados Unidos de América, y en las
condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria del
Estado. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las
cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.
179. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización por daño
inmaterial y como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a las personas indicadas
en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas de
eventuales cargas fiscales.
180. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad
adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en la República del Ecuador.
IX
PUNTOS RESOLUTIVOS
181. Por tanto,
LA CORTE
DECIDE,
Por unanimidad,
1.
Desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado relativas a las
alegadas violaciones del principio de “cuarta instancia” y del debido proceso ante la Comisión
Interamericana, en los términos de los párrafos 15 a 42 de esta Sentencia.
DECLARA,
Por unanimidad, que
2.
El Estado es responsable por la violación de las garantías judiciales de independencia e
imparcialidad, consagradas en el artículo 8.1 de la Convención, en relación con los artículos
1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Luis Jorge Valencia Hinojosa y Patricia Trujillo
Esparza, en los términos de los párrafos 82 a 119 de esta Sentencia.
3.
El Estado es responsable por la violación del derecho a una protección judicial efectiva