política criminal enfocado a enfrentar principalmente fenómenos de delincuencia organizada y que dicha Dirección cuenta con un grupo de investigación de violencia contra miembros de la Unión Patriótica, que adelanta procesos por hechos violentos ocurridos entre 1985 y 1999 y contempla, como una de las posibles modalidades de las conductas punibles investigadas, la hipótesis delictiva de genocidio político. Refirió que el 30 de junio de 2015, la Fiscalía General de la Nación reportó treinta y cuatro casos de delitos contra integrantes y militantes de la Unión Patriótica que fueron declarados como crímenes de lesa humanidad mediante resolución del 16 de octubre de 2014 emitida por la Dirección Nacional de Análisis y Contexto. 45. Finalmente, solicitó a la CIDH que emitiera informe de fondo del presente caso, tomando en cuenta el alcance de su reconocimiento de responsabilidad internacional, y solicitó que sean valoradas las medidas de reparaciones colectivas adoptadas. III. DETERMINACIONES DE HECHO A. Información general sobre la violencia política en Colombia, la Unión Patriótica, pronunciamientos relevantes y el fenómeno del paramilitarismo 1. La violencia política en Colombia 46. La CIDH ha dado seguimiento a la situación de violencia política en Colombia desde los años ochenta. En abril de 1980 realizó una visita in loco y visitas sucesivas con posterioridad, hasta mayo de 19819. En su Informe Anual de 1996, la CIDH al referirse a la situación de Colombia, señaló que los ataques contra personas que trabajan en el campo de los derechos humanos, partidos políticos de alternativa a los tradicionales y autoridades electas a nivel local, continuaron en 1996. Advirtió lo siguiente: Las fuentes no gubernamentales consideran que el 65% de los asesinatos políticos son responsabilidad de las fuerzas armadas y de los grupos paramilitares. Dichas fuentes estiman que el número de violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado colombiano descendieron en 1996, constituyendo aproximadamente del 8% al 18% de todos los asesinatos políticos en los cuales los asaltantes pudieron ser identificados. Mientras el número de asesinatos políticos cometidos por las fuerzas del Estado disminuyó, el número de dichas violaciones cometidas por las fuerzas paramilitares aumentó. Según fuentes no gubernamentales, los paramilitares son responsables del 48% al 59% de los asesinatos extrajudiciales por razones políticas. El Defensor del Pueblo en Colombia ha informado que la actividad paramilitar ha aumentado un 62% desde 1992. Estas estadísticas deben ser analizadas en el contexto de graves indicios que vinculan los asesinatos cometidos por los paramilitares con la complicidad de soldados individuales y/o de unidades militares y que tienden a demostrar que el Gobierno no ha procurado adecuadamente controlar a los paramilitares10. 47. En posteriores informes sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, la CIDH ha continuado refiriéndose a la situación de violencia política en el país. En este sentido, afirmó que la magnitud de las violaciones al derecho a la vida “se ha caracterizado por una clara orientación política, ya que muchas de sus víctimas han sido personas que sustentaban posiciones políticas opuestas al Gobierno o que habían manifestado en actos públicos su discrepancia con él. En las violaciones al derecho a la vida se han empleado métodos como desapariciones, ejecuciones sumarias de personas y de grupos y otros actos atroces considerados en el presente Informe”11. 9 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, 14 de octubre de 1993. CIDH Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1996, OEA/Ser.L/V/II.95. doc. 7 rev., 14 de marzo de 1997, pág. 663. 10 11 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, 14 de octubre de 1993. 8