INFORME No. 84/08
PETICIÓN 40-03
ADMISIBILIDAD
BLAS VALENCIA CAMPOS y OTROS
BOLIVIA
30 de octubre de 2008
I.

RESUMEN

1.
El 8 de enero de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante también "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la
CIDH") recibió una petición presentada por el señor Arturo Rodríguez Tapia (en
adelante también "el peticionario") a favor de 26 personas1 (en adelante también “las
presuntas víctimas”), en la cual se alega la violación por parte de la República de
Bolivia (en adelante también "Bolivia", "el Estado" o "el Estado boliviano") de los
derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 2 (en
adelante también “la Convención Americana”, “la Convención” o la “CADH”), de los
derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 6 y 10 de la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura, y de los derechos consagrados en los artículos
2, 3, 4 y 7 a) y b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante también “la Convención de Belém
do Pará”). El peticionario indicó que la madrugada del 18 de diciembre de 2001 se
llevó a cabo un operativo policial en cual se allanaron violentamente las residencias
de las presuntas víctimas, las cuales fueron golpeadas salvajemente, tras haber sido
reducidas y maniatadas. Señaló que entre las presuntas víctimas había algunos
niños y que las mujeres también fueron golpeadas, las obligaron a desnudarse en
diversas oportunidades y algunas fueron objeto de violencia sexual por parte de
funcionarios policiales. Agregó el peticionario que las torturas continuaron en las
dependencias de la Policía Técnica Judicial, donde los detenidos fueron sometidos a
incomunicación durante tres meses y fueron obligados a auto incriminarse sin las
debidas garantías. Sobre los recursos internos señaló que las presuntas víctimas
estuvieron imposibilitadas de agotar recursos judiciales por las amenazas de los
funcionarios policiales y por el hecho de haber permanecido tres meses
incomunicados.
2.
Por su parte, el Estado de Bolivia argumentó que las presuntas
víctimas son parte de un grupo criminal organizado y que el uso de la fuerza en su
captura fue racional, necesario y se debió al alto grado de peligrosidad de los
detenidos. Asimismo, el Estado resaltó que a los procesados se les respetaron sus
garantías judiciales a lo largo de todo el proceso penal y que actualmente se
encuentran cumpliendo su condena. Sobre los requisitos de admisibilidad el Estado
1 Blas Valencia Campos; Norma Lupe Alarcón de Valencia; Mercedes Valencia Chuquimia;
Mauricio Valenzuela Valencia (15 años); Álvaro Taboada Valencia; Claudia Valencia Alarcón;
Carlos Eladio Cruz Añez; Patricia Catalina Gallardo Ardúz; María Fernanda Peña Gallardo
(fallecida); Freddy Cáceres Castro; Oswaldo Lulleman Antezana; Raúl Oswaldo Lulleman
Gutiérrez; Victoria Gutiérrez de Lulleman; Paola Lulleman de Zaconeta; Luís F. Lulleman
Gutiérrez; Julia Mamani Mamani; Genaro Ahuacho Luna (Walter Herrera Flores - fallecido);
Carlos Enrique Castro Ramírez; Alfredo Bazán La Rosas (José Miguel Abildo Díaz); Víctor
Manuel Boggiano Bruzon (Juan Ramírez Ortega); Elacio Peña Córdoba; Francis Elida Pimentela
Merino; Edwin Rodríguez Alarcón; Gabriel Valencia Alarcón; Alexis Valencia Alarcón (12 años);
Claudio Valencia (3 años). El peticionario no explica la razón de la doble identidad en el caso
de 3 de las presuntas víctimas. En los anexos aportados por el Estado también aparecen
algunas de las presuntas víctimas con doble identidad. No fue posible determinar cual de las
identidades es real. La Comisión analizará la admisibilidad de la petición con relación a 26
personas, 3 de las cuales tanto los peticionarios como el Estado han identificado con dos
nombres.
2 El peticionario no especifica los artículos de la Convención Americana que considera violados.

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