9 34. En la prueba documental presentada por la Comisión, los representantes y el Estado constan declaraciones testimoniales y dictámenes periciales escritos rendidos ante fedatario público, en respuesta a lo dispuesto por el Presidente en su Resolución de 21 de diciembre de 2005 (supra párr. 18). Dichas declaraciones testimoniales y dictámenes se resumen a continuación. a. Declaración del señor Carlos Marecos Aponte, presunta víctima y líder de la Comunidad Sawhoyamaxa Desde hace más de quince años es el líder de la Comunidad indígena Sawhoyamaxa. Como sus padres y sus abuelos es “criollo nacido y criado en la zona reclamada” por la Comunidad. Los asentamientos “Santa Elisa”, al cual él pertenece, y “Km.16”, son los más numerosos de la Comunidad indígena y desde hace más de ocho años se ubican al costado de una ruta. Otros miembros de la Comunidad se encuentran viviendo en varias estancias de los alrededores, tales como: Ledesma, Maroma, Naranjito, Diana, San Felipe, Loma Porá y Santa Elisa Bray. Los miembros de la Comunidad indígena Sawhoyamaxa “no est[án] al costado de la ruta porque qu[ieren], sino porque es cerca del lugar que reivindica[n]”, al cual no pueden “ingresar sin permiso”, ya que “dicen que esas tierras son propiedad privada”. Las personas que están actualmente asentadas en la aldea “Santa Elisa” provienen de distintas estancias, principalmente Maroma, Ledesma, Naranjito y Loma Porá. En esas estancias, las “familias […] se encontraban dispersas sin un lugar seguro para vivir”. Desde que “t[iene] uso de razón siempre tuvi[eron] problemas de tierra, vivía[n] en estancias ajenas como empleados paraguayos, pero sentía[n] la necesidad de vivir en [su] tierra, [y] tener educación”. Igualmente, manifestó que los miembros de su Comunidad siempre han tenido problemas en cuanto a la documentación; por ejemplo, algunos miembros de la Comunidad nunca han tenido ningún tipo de documento de identidad. Generalmente, los miembros de la Comunidad tienen que ir a Asunción para sacar la partida de nacimiento, primero, y luego la cédula, pero debido a lo costoso del pasaje no les es fácil viajar. Las personas que mueren tampoco son registradas; el testigo recuerda que anteriormente la Iglesia Anglicana les “daba un papelito en donde constaba el fallecimiento, pero esto carecía de valor”. Para iniciar el reclamo de tierras los miembros de la Comunidad “[se] reunía[n] y hablaba[n] de cómo vivían [sus] ancestros y [lo] comparaba[n] con [su] realidad”. Se dieron cuenta que estaban siendo desplazados y que muchos vivían en las estancias sin educación ni medicamentos. Fue entonces cuando se unieron para pedir al Estado “un lugar para vivir”. Así, “recorri[eron] las estancias visitando a toda [su] gente, hablando de que con el tiempo podía[n] tener [su] tierra […] y recuperar su idioma, la salud, la educación y mejorar su calidad de vida” en general. En un principio el reclamo lo hicieron con la ayuda de un antropólogo de la Iglesia Anglicana. En el año 1991 los líderes de la Comunidad presentaron su pedido al Instituto de Bienestar Rural. Asimismo, el Instituto Paraguayo del Indígena también tomó conocimiento del proceso, y comenzaron las gestiones. Hubo muchos trámites ante las instituciones. En esos primeros años se solicitó al Instituto Paraguayo del Indígena que incluyera en su presupuesto el rubro para la compra de tierras. Esta institución, por su parte, solicitó el aumento de su presupuesto al Parlamento. Sin embargo, tiempo después, recortaron su presupuesto para la compra de tierras y eso agravó el problema.