-14armas, municiones, entrenamiento y respaldo en sus operaciones 40. Según la Fiscalía General de la Nación, en 1982 las ACMM iniciaron su incursión en varias veredas situadas en el municipio de Puerto Boyacá, en los sitios en donde la subversión había estado extorsionando –mediante el llamado “boleteo” y la llamada “vacuna”– a varios agricultores y ganaderos de la región. Este momento del paramilitarismo en la región se caracterizó, entre otros, por la entrada en masa de los narcotraficantes, sea como financiadores (la guerra se volvía cada vez más costosa y no podía ser sufragada sólo con la ganadería extensiva) o como competidores41. 45. En varios casos ante esta Corte, se ha podido comprobar, en distintos períodos y contextos geográficos, la existencia de vínculos entre miembros de la Fuerza Pública y las Fuerzas Armadas de Colombia y grupos paramilitares, los que habrían consistido en: a) acciones concretas de apoyo o colaboración, o en b) omisiones que permitieron o facilitaron la comisión de graves delitos por parte de actores no estatales42. La “legitimidad” de esos grupos paramilitares en la región fue públicamente reivindicada y promovida por altos estamentos de las Fuerzas Armadas 43 y los nexos referidos han sido también revelados en declaraciones de paramilitares 44. El Estado manifestó que ese grupo ACMM, conocido en sus inicios como “Los Escopeteros”, fue fundado y liderado por Ramón María Isaza Arango, alias “el viejo”, “Moncho” o “el patrón”. Manifestó, con base en un documento de la Fiscalía General de la Nación, que mientras ello sucedía en Antioquia, en el municipio de Puerto Boyacá se gestaba un proceso de organización y arme de la población civil para enfrentar el asedio a campesinos, ganaderos y agricultores de la región generado por varios Frentes de las FARC. Así, con el fin de procurar armas para la población civil se decidió la creación y funcionamiento de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (“ACDEGAM”), que se constituiría en fachada para el tránsito de dineros, logística, pago de sueldos, armas y municiones de las nacientes Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, razón por la cual para el año 1984 Ramón Isaza, por razones de orden económico y logístico, admitió fusionar su grupo “Los Escopeteros” con las nacientes Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB), y ambas se valieron de la ya existente “ACDEGAM”. El grupo unificado extendió su accionar por todo el Magdalena Medio. Además, señaló que existe evidencia según la cual las ACPB nacieron también como un grupo de escopeteros, lo que hace creer que crecieron con mayor rapidez en hombres, armas y logística, apoyados en una secundaria fuente de financiación proveniente del narcotráfico, permitiendo liderar y organizar diversos grupos con ideales antisubversivos conocidos indistintamente para inicio de los ochenta como “Masetos” y “Escopeteros”, desbordando el territorio primigenio y extendiendo a nivel nacional el fenómeno paramilitar y la injerencia de la agrupación armada ilegal. (Cfr. Escrito de contestación del Estado, págs. 48 a 54, exp. fondo ff. 307 a 313). En efecto, esta Corte fue informada en otro caso que en 1984 se conformó en el Municipio de Puerto Boyacá un “grupo de autodefensa” denominado Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM), el cual en sus inicios tenía fines sociales y de defensa contra posibles agresiones de la guerrilla y, con el tiempo, esta agrupación derivó en un grupo “paramilitar” o delincuencial, que no solo pretendía defenderse de la guerrilla sino también atacarla y erradicarla. Este grupo tenía gran control en los Municipios de Puerto Boyacá, Puerto Berrío y Cimitarra y se encontraba comandado por Gonzalo Pérez y sus hijos Henry y Marcelo Pérez. En la época en que ocurrieron los hechos de este caso, el Magdalena Medio era una región en la cual había una intensa actividad de lucha del Ejército y las “autodefensas” contra los guerrilleros, en la cual los altos mandos militares de la zona no sólo apoyaron al referido “grupo de autodefensa” para que se defendiera de la guerrilla, sino que además lo apoyaron para que adoptara una actitud ofensiva. Cfr. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, párr. 84.d). Así, esta primera etapa del período del paramilitarismo surgió de un contexto que se caracterizó por: (i) la precariedad del Estado en el territorio, (ii) el avance logrado por las FARC en el Magdalena Medio, (iii) la habilitación de grupos de autodefensas a nivel nacional y su promoción por parte del Ejército, (iv) la organización de los ganaderos a través de “ACDEGAM”, y (vi) la conformación de una dirección política, todo ello en un marco en el cual cohabitaron circunstancias contextuales tales como la existencia de demandas territoriales por provisión privada de seguridad (Cfr. Caso Vereda La Esperanza vs. Colombia, párr. 54). 40 Cfr. Caso Vereda La Esperanza vs. Colombia, supra, párrs. 55y 56. Ver también la declaración escrita del perito Carlos Medina Gallego (exp. prueba ff. 7000-7010). 41 Ver en este sentido la documentación y citación de información y de su propia jurisprudencia, realizada por este Tribunal en el caso Vereda La Esperanza vs. Colombia, supra, párr. 68 a 70. 42 Así, por ejemplo, en un discurso pronunciado en abril de 1986 el Comandante de la V Brigada del Ejército Nacional, con jurisdicción en el Magdalena Medio, Brigadier General Daniel García Echeverry hacía un “fervoroso llamado a los sentimientos nacionalistas de los colombianos para pasar de la inacción a la legítima defensa, a la acción ofensiva para hacer frente a la actividad terrorista” (Cfr. https://www.semana.com/nacion/articulo/con-sus-propias-manos/7681-3 ) En 1987, en un debate sobre los grupos paramilitares en la Cámara de Representantes, el Ministro de Defensa (1986-1988), General Rafael Samudio Molina, afirmó que “el derecho de autodefensa es un principio natural. Cada cual puede apelar al legítimo derecho de defensa y, si las comunidades se organizan, hay que mirarlo desde el punto de vista que lo hacen para proteger sus bienes y sus vidas” (Cfr. Diario El Mundo, Medellín, edición de 25 de julio de 1987, pág. 8, exp. prueba, folio 4962). Ver también la declaración escrita del perito Carlos Medina Gallego (exp. prueba ff. 7000-7010). 43 En el referido documento del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se relatan los vínculos entre la organización paramilitar de Puerto Boyacá y el Batallón “Bárbula”; operaciones y patrullajes conjuntos entre paramilitares y militares; las actividades de “limpieza” de la región del Magdalena Medio contra todos los individuos considerados “colaboradores de las FARC”; la forma en que el grupo paramilitar de Puerto Boyacá empezó a articular sus actividades con otras “autodefensas" de otras regiones de Colombia y estableció alianzas con narcotraficantes, como Gonzalo Rodríguez Gacha y Víctor Carranza, con la ayuda de miembros de inteligencia militar. Cfr. Documento del Departamento Administrativo de Seguridad, sin título ni fecha, elaborado con base en las declaraciones de Diego Viáfara Salinas ante funcionarios del DAS el 10 de mayo de 1988. Diego Viáfara Salinas rindió testimonio ante la Procuraduría el 22 de febrero de 1989 confirmando lo expuesto en el Documento 44