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muerte de José R. Araujo, Luis A. Berrío, Moisés A. Blanco, Julio P. Ceballos, Antonio Eregua,
Rafael M. Moreno, José Indalecio Guerrero, Arín O. Maldonado, Justo Mercado, Pedro
Mosquera, José Puerta, Marino Torrealba, José Torrealba y Marino Rivas, ocurrida en el
Canal “La Colorada”, Distrito Páez, Estado Apure, Venezuela.
Asimismo, en dicho escrito alegó la violación de los artículos 5, 8.1, 24 y 25 de la
Convención en perjuicio de Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias, únicos
sobrevivientes de los actos arriba mencionados.
3.
Este caso, agrega la demanda, se refiere a hechos que ocurrieron a partir del 29 de
octubre de 1988. Ese día dieciséis pescadores del pueblo de “El Amparo”, Venezuela, se
dirigían al Canal “La Colorada” a través del río Arauca, ubicado en el Estado Apure para
participar en un “paseo de pesca”. Aproximadamente a las 11:20 a.m., cuando algunos
pescadores bajaban de la embarcación, miembros militares y policiales del "Comando
Específico José Antonio Páez" (CEJAP), abrieron fuego contra ellos matando a catorce de los
dieciséis pescadores.
4.
El 1 de agosto de 1994 el Estado remitió su contestación de la demanda y, por medio
de nota del 11 de enero de 1995, reafirmó que Venezuela “no contend[ía] los hechos
referidos en la demanda y que acept[aba] la responsabilidad internacional del Estado”.
5.

El 18 de enero de 1995 la Corte dictó sentencia en la cual dispuso:
1.
Toma nota del reconocimiento de responsabilidad efectuado por la República de
Venezuela y decide que ha cesado la controversia acerca de los hechos que dieron origen
al presente caso.
2.
Decide que la República de Venezuela está obligada a reparar los daños y pagar
una justa indemnización a las víctimas sobrevivientes y los familiares de los fallecidos.
3.
Decide que las reparaciones y la forma y cuantía de la indemnización serán fijadas
por la República de Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de
común acuerdo, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de
esta sentencia.
4.
Se reserva la facultad de revisar y aprobar el acuerdo y, en caso de no llegar a él,
la Corte determinará el alcance de las reparaciones y el monto de las indemnizaciones y
costas, para lo cual deja abierto el procedimiento (Caso El Amparo, Sentencia de 18 de
enero de 1995. Serie C No. 19, Parte resolutiva).

II
6.
La Corte es competente, de acuerdo con el artículo 62 de la Convención, para decidir
sobre el pago de reparaciones, indemnizaciones y costas en el presente caso, en razón de
que el 9 de agosto de 1977 Venezuela ratificó la Convención y el 24 de junio de 1981 aceptó
la competencia contenciosa de la Corte.

III

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