5 conflicto armado interno estén contemplados adecuadamente en el Plan Nacional de Resarcimiento; c) el Estado de Guatemala debe implementar programas de capacitación sobre los derechos de las mujeres y particularmente, sobre el derecho a una vida libre de violencia, dirigidos a personal de la fuerza pública, del ejército y de las instituciones públicas; d) el Estado de Guatemala debe implementar medidas de protección y prevención, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y también la de procesar y castigar adecuadamente los delitos de violencia contra las mujeres; e) El Estado de Guatemala debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar el abuso y la violación sexual de mujeres en custodia estatal, policial o del ejército, utilizada como una forma de tortura. 3. Acceso a la información y el Secreto de Estado en casos de graves violaciones a los derechos humanos: la sentencia establece en el numeral 144. que “todas las autoridades están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba y por lo tanto deberán brindar al juez de la causa toda la información que requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucción para la marcha del proceso investigativo.” Al respecto, es importante hacer una referencia puntual a la obligación que tiene el Ejército de Guatemala de entregar documentos relativos a planes militares de campaña o documentos que contienen estrategias en la conducción de operativos militares y las hostilidades en general y permitir el acceso a los archivos militares. Como lo mencionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su demanda inicial en el caso en cuestión, en abril de 1982 “la Junta Militar de Gobierno dictó el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo” que establecía objetivos nacionales en términos militares, administrativos, legales, sociales, económicos y políticos.” En este plan se identificaron las principales áreas de conflicto en diferentes departamentos del país. La Junta Militar y el Alto Mando también diseñaron y ordenaron la implementación de un plan de campaña militar llamado “Victoria 82”, en el cual utilizaron nuevas definiciones estratégicas dentro del marco de las contrainsurgencia y los objetivos del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. La negativa del Ejército de entregar éstos y otros documentos están promoviendo más impunidad en Guatemala. En el caso Mack Chang Vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, parágrafo 180, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aseveró que “en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.” La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha referido al “secreto de Estado” como obstáculo al acceso a la información, en particular aquella relativa a esclarecer graves violaciones de derechos humanos. En efecto, en el caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala la Corte se hizo eco de las palabras de la Comisión Interamericana y reconoció que “en el marco de un procedimiento penal, especialmente cuando se trata de la investigación y persecución de ilícitos atribuibles a las fuerzas de seguridad del Estado, surge una eventual colisión de intereses entre la necesidad de proteger el secreto de Estado, por un lado, y las obligaciones del Estado de proteger a las personas de los actos ilícitos cometidos por sus agentes públicos y la de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los mismos, por el otro lado.” En este caso, la Corte fue categórica al afirmar que “en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las