5. Disponer mecanismos de no repetición que incluyan: i) la adopción de medidas
legislativas, administrativas o de otra índole para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres
víctima de violencia en Venezuela; ii) el diseño e implementación de una política nacional en
materia de prevención de la violencia contra la mujer y de género que incluya mecanismos
efectivos de supervisión y fiscalización; iii) fortalecer la capacidad institucional para atender
los problemas estructurales identificados en el presente caso como factores de impunidad en
casos de violencia contra la mujer en Venezuela; iv) diseño e implementación de mecanismos
adecuados y accesibles de denuncia para mujeres víctimas de violencia, incluida la violencia
sexual, en Venezuela conforme a los estándares establecidos en el informe; v) diseñar e
implementar servicios multidisciplinarios en salud para las mujeres víctimas de violencia
sexual, que aborden las necesidades específicas de su condición de víctimas de este tipo de
violencia para su recuperación y rehabilitación; vi) Diseñar protocolos para facilitar y fomentar
la efectiva, uniforme y transparente investigación de actos de violencia física, sexual y
psicológica, que incluya una descripción de la complejidad de las pruebas, y el detalle de las
pruebas mínimas que es preciso recopilar para proporcionar una fundamentación probatoria
adecuada, teniendo en cuenta las normas internacionales establecidas en el Protocolo de
Estambul; y vii) diseñar programas de formación y capacitación para todos los operadores
jurídicos que tengan contacto y/o estén a cargo de investigar casos de violencia contra la
mujer, incluida violencia sexual.
Adicionalmente, la Comisión solicita a la Corte que ordene al Estado venezolano que reintegre los
gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Comisión Interamericana por la cantidad erogada
durante la tramitación del presente caso.
Además de la necesidad de obtención de justicia, la Comisión destaca que el presente caso plantea
cuestiones de orden público interamericano. Específicamente, el caso le permitirá a la Corte Interamericana
desarrollar su jurisprudencia sobre los supuestos en los cuales un Estado puede ser responsable por graves
actos de violencia contra la mujer, incluidos actos de violación sexual, cometidos por actores no estatales. En
particular, la Corte Interamericana podr�� pronunciarse sobre la negativa a recibir una denuncia de desaparición
de una mujer a la luz del deber de prevención. Asimismo, la Corte podrá analizar la posibilidad de calificar como
tortura actos severos de violencia física, psicológica y sexual contra una mujer cometida por un actor no estatal
cuando el Estado deliberadamente omite adoptar medidas de protección frente a un riesgo de que tales
violaciones pudieran producirse. Por otra parte, la Corte podrá profundizar su jurisprudencia sobre el deber de
investigar con la debida diligencia actos de violencia contra la mujer, incluyendo violencia sexual, con una
perspectiva de género y adoptando todas las medidas necesarias para evitar cualquier forma de
revictimización. Sobre este último punto, el caso plantea la existencia de un marco normativo penal que
permitió que el debate en el proceso se centrara en especulaciones sobre la vida de la víctima y no en el
esclarecimiento y la investigación exhaustiva de la autoría de los graves hechos de violencia física, psicológica y
sexual sufridos por ella.
En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público interamericano, de
conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión se permite ofrecer
las siguientes declaraciones periciales:
Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre el alcance y contenido de
las obligaciones estatales para prevenir actos de violencia física, psicológica y sexual contra la mujer cometidos
por actores no estatales. Asimismo, el/la perito/a se pronunciará sobre la posibilidad de analizar el
incumplimiento de dicho deber a la luz de los elementos constitutivos de la tortura y en general de la
prohibición absoluta de la misma y de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. El/la perito/a analizará
los hechos del caso a la luz de los contenidos de su peritaje.
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