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que se violó el artículo 2 de la Convención, por no haber adoptado disposiciones de derecho
interno tendientes a hacer efectivos tales derechos “en base al principio pacta sunt servanda” y el
artículo 51.2 de la misma en relación con el 29.b, al incumplir las recomendaciones formuladas
por la Comisión. Solicitó que la Corte declare que el Gobierno debe “inic[iar] las investigaciones
necesarias hasta identificar y sancionar a los culpables [. . .], inform[ar] a los familiares de las
víctimas sobre su paradero [. . .], reparar e indemnizar a los familiares de las víctimas por los
hechos cometidos por sus agentes [. . .] [y] pagar las costas de este proceso”. Designó como su
delegado para que la represente a Leo Valladares Lanza, miembro y como asistentes a Edith
Márquez Rodríguez, Secretaria ejecutiva y Manuel Velasco Clark, abogado de la Secretaría.
Designó como asesores legales para el presente caso a los señores Gustavo Gallón Giraldo, María
Consuelo del Río, Jorge Gómez Lizarazo, Juan E. Méndez y José Miguel Vivanco.
3.
La demanda junto con sus anexos fue remitida al Gobierno por la Secretaría de la Corte el
15 de enero de 1993, previo examen de la misma hecho por el Presidente de la Corte (en
adelante “el Presidente”).
4.
Mediante carta de 28 de enero de 1993 el Gobierno de Colombia comunicó la designación
del abogado Jaime Bernal Cuéllar como agente y del abogado Weiner Ariza Moreno como agente
alterno.
5.
El Presidente mediante resolución de 5 de febrero de 1993 y a solicitud del Gobierno,
resolvió otorgarle una prórroga de 45 días al plazo establecido en el artículo 29.1 del Reglamento
para contestar la demanda en este caso. La contestación de la demanda fue entregada el 2 de
junio de 1993. Igualmente el 16 de febrero de 1993, se le otorgó una prórroga de 15 días para la
presentación de excepciones preliminares.
6.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento, el 2 de marzo de 1993 el
Gobierno interpuso excepciones preliminares.
La Comisión respondió dichas excepciones
preliminares el 6 de abril de 1993.
7.
Por resolución de 3 de junio de 1993 el Presidente dispuso convocar a una audiencia
pública en la sede de la Corte para el día jueves 15 de julio de 1993, a las 15:00 horas, con el fin
de oír las observaciones de las partes sobre las excepciones preliminares presentadas por el
Gobierno.
8.
El 12 de julio de 1993 fue electo Presidente de la Corte el Juez Rafael Nieto Navia. Como
el nuevo Presidente es nacional de Colombia cedió, mediante resolución de 13 de julio de 1993, la
presidencia para el conocimiento de este caso a la Juez Sonia Picado Sotela, Vicepresidenta.
9.

La audiencia pública tuvo lugar en la sede de la Corte en la fecha y hora previstas.

Comparecieron ante la Corte
por el Gobierno de Colombia:
Jaime Bernal Cuéllar, agente
Weiner Ariza Moreno, agente alterno
Francisco Javier Echeverri, asesor;
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

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