ejercicio de un cargo en su seno 6. El 9 de octubre de dicho año, el Juez Relator del caso ordenó su remisión a la oficina de “Coordinación Judicial”, con el objeto de que se oficie a la Asamblea Legislativa la petición de desafuero, siendo ésta encaminada al Presidente de dicho órgano el 14 de octubre de 1998 7. El 17 de diciembre de 1998, el cuerpo en cuestión libró la Resolución Nº 614/98 denegando el pedido de desafuero solicitado por el Tribunal de Justicia del Estado para proceder a la instauración de la acusación criminal contra el Diputado Estadual, siendo esta decisión publicada en el Diario del Poder Legislativo el 18 de diciembre de 1998 8. En marzo de 1999, por iniciarse un nuevo periodo parlamentario, el Poder Judicial del Estado de Paraiba presentó ante la Asamblea Legislativa un nuevo pedido de desafuero para el Diputado en cuestión 9, siendo el pedido nuevamente denegado, sin que ello fuera publicado en el diario oficial. 18. Se adujo por los peticionarios, que la concesión del desafuero es un acto discrecional del Poder Legislativo, asentándose su deliberación en votación secreta de sus Miembros. Agotada esta Instancia, su resultado es definitivo, al menos hasta concluir el período legislativo del afectado, careciendo el Poder Judicial de competencia para reformar tal decisión. La decisión legislativa de denegar el desafuero, impide que cualquier medida judicial pueda ser tomada contra el Diputado, no existiendo en el marco del Derecho Positivo vigente en el Estado medida alguna para combatir tal situación. Ante el cierre de la vía jurisdiccional por la Asamblea Legislativa, y frente a la inexistencia de algún otro recurso que quepa, se demuestran agotadas las vías internas para la discusión de este caso. La revocatoria de la resolución legislativa de referencia, requiere de una nueva resolución que autorice el desafuero. Se denuncia que la posición del Poder Legislativo ha constituido una traba al acceso a la Justicia para los familiares de la presunta víctima, viéndose éstos imposibilitados de que la acción penal pueda ser instaurada contra el presunto responsable. 19. En la información adicional remitida por los peticionarios en fecha 3 de octubre de 2006, se manifiesta que el 20 de diciembre de 2001, ocurrió en el Estado una alteración legislativa en relación a la inmunidad parlamentaria, con la aprobación por el Congreso Nacional de la Enmienda Constitucional Nº 35/2001, que determinó que la acción penal contra parlamentarios podría ser admitida sin previa autorización de la Cámara Legislativa a que pertenecen. Con esta innovación, luego de iniciado el proceso, el mismo debe ser comunicado al órgano del cual el acusado es miembro, quien puede suspender el curso de la acción penal, si juzgase conveniente, por el voto de la mayoría de sus componentes. 20. Afirman los peticionarios, que en relación al caso en aprecio, pese a la modificación referida, las autoridades con competencia para el impulso de la acción penal en el Estado de Paraiba, no tomaron medidas tendientes a reencausar las actividades judiciales tendientes a dilucidar la responsabilidad del crimen, hasta marzo de 2003. 21. Según los peticionarios, se dictó resolución de “pronunciamiento” (acusación) contra el ex Diputado, el 27 de julio de 2005, 7 (siete) años luego de que tuviera lugar el crimen, al considerar la justicia brasileña que existían indicios suficientes para determinar la autoría del crimen por el sujeto. La defensa interpuso un recurso contra esta decisión, el cual fuera rechazado. Hace más de un año que se aguarda la inclusión del proceso en la nómina del Tribunal para su juzgamiento por el “Juri Popular” (jurado popular). 6 Acusación presentada por el Ministerio Publico contra el ex diputado. Anexo 2 de la petición. 7 Oficio del Poder Judicial a la Asamblea Legislativa solicitando desafuero. Anexo 3 de la petición. 8 Resolución Asamblea Legislativa denegando desafuero. Anexo 4 de la petición. 9 Nuevo Oficio del Poder Judicial solicitando a la Asamblea Legislativa desafuero. Anexo 5 de la petición. 4