84 oportunidades para consultar libremente con el defensor “siguieron siendo inadecuadas” durante la fase de la audiencia pública del juicio ante la Sala Nacional de Terrorismo; l) la presunta víctima tuvo oportunidad mínima, en un período inferior a una hora, para consultar a su abogado antes de prestar declaración oficial por un plazo de 14 horas, los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2000; m) sólo se concedieron dos horas al abogado de la presunta víctima para analizar “más de 2.000 páginas de transcripciones correspondientes al expediente militar”. Si bien a partir de ese momento el abogado defensor de la presunta víctima estuvo presente en la fase instructiva, la señora Lori Berenson “no se encontraba en el recinto cuando los testigos presentaban declaración. […N]o estuvo a disposición de su defensor para asistirlo […] proporcionándole información que aquél no podría haber obtenido de otra manera”; n) la presunta víctima y su defensa conocieron los cargos , emanados de la fase instructiva, el 16 de marzo de 2001, “cuatro días antes de la fecha de celebración de la primera audiencia, per[í]odo que result[ó] insuficiente para que el defensor pu[diera] efectuar las consultas correspondientes y prepararse para las nuevas acusaciones presentadas”; o) el Juez de Instrucción y el Fiscal “interrogaron a los testigos claves en ausencia de [la presunta víctima] y antes de que pudiese asegurarse los servicios de asesoría letrada”; p) nunca hubo igualdad en cuanto al acceso a documentos claves, casi todos ellos pertenecientes al juicio militar, “que sólo pudieron ser inspeccionados por la defensa [de la presunta víctima] en forma personal en las dependencias del tribunal, siempre que en ese momento no hubiese otros que estuviesen examinándolos”. El Procurador tuvo “conocimiento por adelantado de los cargos que presentaría el fiscal […], así como del orden en que se llamaría a los testigos, y de otros documentos e información”; q) sólo se proporcionaron a la defensa ejemplares de las actas o transcripciones resumidas en tres ocasiones, “si bien se celebraron 33 audiencias en un per[í]odo de tres meses. Esta situación dificultó de sobremanera el análisis por parte del letrado de la [presunta víctima] de las declaraciones testimoniales presentadas ante el tribunal, así como la preparación de la defensa”; r) por ser las audiencias “muy continuadas” y terminar fuera de las horas de visita, la defensa no tuvo oportunidad de conversar con la presunta víctima sobre las pruebas ordenadas por el Juez; s) la fase instructiva del juicio ordinario que se inició el 28 de agosto de 2000 tuvo una “duración mayor a los 30 días que, con la ampliación de 20 días, se prevén para la misma”; y t) la audiencia pública del juicio ordinario comenzó el 20 de marzo de 2001, demora que “vulneró los [a]rtículos 7.4 y 8.2 de la Convención”. Alegatos del Estado