52 constitucionalmente las “leyes existentes” antes de la entrada en vigor de la Constitución trinitaria. 135. En cuanto a la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, en concordancia con el artículo 1.1, los representantes de las víctimas adoptaron el mismo razonamiento que la Comisión en lo que respecta al derecho de todo individuo a presentar acciones constitucionales que permitan, de alguna forma, una nueva consideración de sus casos y de sus sentencias. 136. Además, los representantes de las víctimas alegaron que hubo violación del artículo 8 de la Convención Americana en cuatro casos específicos: 1) no se permitió que Narine Sooklal entrara en contacto con un abogado después de su detención, con lo cual se violó el artículo 8.2(d) de la Convención; 2) Keiron Thomas fue representado en su apelación por un abogado a quien expresamente había rechazado, lo que implica violación del artículo 8.2(d) y 8.2(e); 3) en el juicio de Martin Reid no se reveló la existencia de ciertas pruebas favorables al inculpado, y en esta forma se incurrió en violación del artículo 8.2(c) de la Convención, y 4) en el caso de Peter Benjamin existió discrepancia entre el calibre del arma de Benjamin y el del arma empleada para el homicidio; la desatención de esta prueba significa violación del artículo 8.2(d). * * * Consideraciones de la Corte 137. El artículo 8 de la Convención dispone en lo conducente que: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […] c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; […]