de 2003 obreros de la empresa petrolera, acompañados por miembros del Ejército
ecuatoriano, continuaron con actividades de prospección sísmica en el sector denominado
Rotuno Yaku (Guayacán), considerada área sagrada por el pueblo de Sarayaku. El 29 de enero
del 2003, dos niñas menores de edad fueron interceptadas por una patrulla del Ejército,
acompañada de trabajadores de la empresa petrolera y fueron amenazadas por los
trabajadores de la empresa, quienes habrían instado a miembros del Ejército a violarlas. Los
peticionarios denuncian que antes de ser liberadas, las niñas fueron objeto de abusos
deshonestos. El 4 de diciembre de 2003 aproximadamente 120 personas del pueblo Sarayaku,
incluidas mujeres y niños, que se desplazaban sobre el río Bobonaza en dirección a la ciudad
de Puyo para participar de una marcha para denunciar la política petrolera del Gobierno,
fueron atacadas y agredidas por asalariados de la compañía CGC. En esta ocasión los
indígenas fueron golpeados con palos, piedras y machetes y sus pertenencias fueron
destruidas a machetazos. Como consecuencia muchos habitantes de Sarayaku sufrieron
heridas de gravedad7 y cuatro personas,8 incluido un niño, habrían sido retenidas por los
agresores y liberadas al día siguiente.
28. Agregan los peticionarios que el 1º de marzo del 2004 fue asaltado y agredido físicamente
con puñetazos y patadas, Marlon Santi, Presidente de Sarayaku, quien se disponía a viajar a
Washington D.C., a una reunión de trabajo convocada por la Comisión y el 23 de abril de 2004
José Serrano Salgado, abogado y representante legal del pueblo de Sarayaku, fue agredido y
asaltado por tres hombres armados y encapuchados quienes lo amenazaron con una pistola en
la cabeza advirtiéndole que abandonara sus actividades en pro de los indígenas de Sarayaku.
29. Según los peticionarios, desde 1996 existe una política de hostigamiento y
amedrentamiento, que se intensificó a partir del mes de noviembre de 2002, en contra de
pueblo de Sarayaku y de las personas que apoyan la defensa de sus derechos, por su posición
frente a la realización de actividades de exploración y explotación petrolera dentro del
territorio ancestral del pueblo kichwa de Sarayaku. Expresan que las incursiones dentro del
territorio de Sarayaku han causado graves daños a la vida de la comunidad, las detonaciones
de explosivos han destruido importantes extensiones de bosques, fuentes de agua, cuevas,
ríos subterráneos, sitios sagrados y han causado la migración de los animales a sitios más
apartados. La siembra de explosivos en áreas tradicionales de caza han puesto en riesgo la
vida de sus habitantes, han imposibilitado la búsqueda de alimentos, han alterado el ciclo de
vida y ha privado a las familias de fuentes de alimentación. Además, expresan que el pueblo
indígena de Sarayaku se ha visto afectado en el derecho de uso y goce de su tierra y en la
relación especial que tiene con la misma, específicamente, afectándose su subsistencia como
pueblo por verse impedido de procurarse alimentación básica, medicina tradicional, salud y
trasmitir el legado cultural a las nuevas generaciones.
30. Agregan los peticionarios que también se han vulnerado las estructuras políticas
tradicionales del pueblo de Sarayaku, a través de las amenazas, persecuciones, torturas
físicas, psíquicas y morales dirigidas en contra de sus miembros y especialmente de sus
dirigentes por expresar su oposición a la política petrolera del Estado.
31. En relación con el agotamiento de recursos internos informan los peticionarios que el 28 de
noviembre de 2002 la OPIP presentó un recurso de amparo constitucional ante el Juez Primero
de lo Civil de Pastaza en contra de la empresa CGC9 en el que solicitaron se suspendieran las
actividades hidrocarburíferas en el bloque 23 y basaron la solicitud en las normas de la
Constitución de Ecuador. Señalan los peticionarios que el recurso de amparo se fundó en el
ingreso de trabajadores de la empresa petrolera al territorio Sarayaku para iniciar actividades
7 De acuerdo a información enviada por los representantes de los beneficiarios con fecha 5 de diciembre de 2003, las
siguientes personas recibieron atención médica en el Hospital Voz de Shell y en el Hospital del Puyo: Franco Viteri;
Heriberto Gualinga; Isidro Gualinga; Edgar Gualinga; Leopoldo Santi; Diosnisio Machoa; Victoria Santi; David Malaver;
Soraya Cisneros; Cesar Santi; Hilda Santi; Jorge Santi; Cleotilde Gualinga; Emerson Shiguango; Flores Milo Cisneros;
Marco Gualinga; Henry Gualinga; Angélica Santi; José Luis Gualinga; Aura Cuvi; Marco Santi; Laureano Gualinga;
Rudy Ortiz; Héctor Santi.
8 Las personas que fueron retenidas fueron Luver Malaver, menor de edad, Hilda Santi (ex vicepresidente de
Sarayaku), Edgar Gualinga (teniente político de Sarayaku) y Heriberto Gualinga.
9 El recurso también fue dirigido en contra de la empresa Daymi Services, subcontratista de la CGC.
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