6 Estado presentó al Tribunal listas con los nombres de los beneficiarios, el lugar de detención en el que se encuentran, informes médicos individualizados, fichas de visitas recibidas por los beneficiarios, entre otra información. 11. Que finalmente en cuanto a la actual situación de los beneficiarios, el Estado manifestó, inter alia, que todos los establecimientos penales administrados por la Secretaría de Administración Penitenciaría del estado de São Paulo (en adelante “la Secretaría de Administración Penitenciaria” o “SAP”) cuentan con un Centro de Reintegración Social y Atención de Salud; que las visitas de familiares, abogados y representantes a los detenidos no fueron suspendidas, tan sólo existió una restricción como consecuencia del motín. En cuanto a la investigación de los hechos, fue instaurado un procedimiento para investigar la eventual participación de funcionarios de la penitenciaría en el motín. Dicha investigación concluyó que no se demostraba la responsabilidad de funcionarios, e identificó 67 internos que participaron en los hechos, contra quienes fue instaurado un procedimiento preliminar, que culminó con el traslado de los líderes del movimiento y la imposición de las debidas sanciones legales. Respecto de la sobrepoblación carcelaria, Brasil señaló que se trata de un problema que demanda acciones de mediano y largo plazo, y que la situación se agravó mucho después de las rebeliones de mayo y junio de 2006. No obstante, resaltó que, en menos de un año, casi todas las plazas fueron restablecidas y la Penitenciaría de Araraquara fue totalmente reformulada. Además, “la [SAP] está implementando un programa para la construcción de 44 nuevos establecimientos penales, en el período comprendido entre 2008 y 2011”, para crear 41.000 nuevas plazas, lo cual “contribuirá para acabar con la sobrepoblación carcelaria del estado [de São Paulo]”. 12. Que los representantes señalaron que, no obstante las mejoras hechas en la Penitenciaría de Araraquara, actualmente un establecimiento modelo, la información presentada por el Estado no es suficientemente clara para permitir un análisis de la situación actual de los beneficiarios en los centros de detención a los que fueron trasladados. Afirmaron que el Estado se limitó a trasladar a los internos a otras penitenciarías y que las presentes medidas provisionales fueron ordenadas para proteger a determinadas personas, por lo que deben continuar haciéndolo independientemente del lugar donde se encuentren, mientras continúen bajo la tutela del Estado. La información brindada por el Estado sobre a cuántos y a cuáles centros de detención fueron trasladados algunos de los beneficiarios es contradictoria y no está actualizada, lo que pudo constatarse a través de las visitas de los representantes a algunas cárceles. Además, no tienen conocimiento de si esos nuevos traslados fueron informados a los familiares de los beneficiarios. 13. Los representantes además presentaron información específica sobre algunas de las cárceles a las que fueron trasladados algunos de los beneficiarios7 y observaron que en algunas de éstas el número de profesionales de salud no es suficiente, que existen dificultades con las visitas de familiares, problemas con la calidad de los alimentos, y el suministro de vestimentas y productos de higiene, entre otros aspectos. En cuanto a la sobrepoblación, señalaron que el Estado no indicó la 7 Los representantes presentaron información sobre las cárceles de Pacaembu, Araraquara, Lucélia, Avaré, Itirapina, Riolandia, Junqueirópolis y São José do Rio Preto, la cual fue obtenida mediante visitas a dichos establecimientos y/o de los expedientes de los procesos No. 008/2007 y No. 23/2007 del órgano corregidor, en trámite ante el Juzgado de Ejecuciones Penales de Tupã, São Paulo.