entre agentes estatales y dichos grupos en la planificación y ejecución de las
violaciones de este caso 5. La Corte estableció que sus Sentencias constituyen por sí
mismas una forma de reparación y, adicionalmente, en cada caso ordenó determinadas
medidas de reparación, entre ellas la obligación de investigar, juzgar y, en su caso,
sancionar a los responsables de los hechos que generaron las violaciones (infra
Considerando 1).
2.
Las Sentencias de interpretación emitidas por la Corte el 25 de noviembre de
2006 en el caso de la Masacre de Pueblo Bello y el 7 de julio de 2009 en el caso Valle
Jaramillo y otros.
3.
Las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia emitidas por el
Tribunal los días 9 de julio de 2009 y 8 de febrero de 2012 en el caso de la Masacre de
Pueblo Bello; los días 7 de julio de 2009, 28 de febrero de 2011, 8 de febrero de 2012 y
21 de mayo de 2013 en el caso de las Masacres de Ituango, y los días 28 de febrero de
2011, 15 de mayo de 2011 y 1 de junio de 2020 en el caso Valle Jaramillo y otros 6.
4.
El escrito de 21 de agosto de 2020, mediante el cual las organizaciones Comisión
Colombiana de Juristas (en adelante también “la CCJ”) y el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (en adelante también “CEJIL”), “en calidad de representantes [de
las víctimas] de los casos de la referencia”, realizaron una solicitud de medidas
provisionales (infra Considerandos 2 y 3), y los escritos de 28 de agosto de 2020,
mediante los cuales presentaron información actualizada sobre esta solicitud y se
refirieron a la representación de las víctimas en estos casos.
5.
La nota de la Secretaría de la Corte de 24 de agosto de 2020, mediante la
cual, de conformidad con el artículo 27.5 del Reglamento y siguiendo instrucciones
de la Presidenta de la Corte, se solicitó al Estado que, a más tardar el 31 de agosto
de 2020, remitiera sus observaciones sobre la solicitud de medidas provisionales
planteada por las representantes.
6.
El escrito de 27 de agosto de 2020, mediante el cual el Grupo Interdisciplinario
por los Derechos Humanos (en adelante también “el GIDH”), en calidad de
representante de las víctimas en el caso Valle Jaramillo y otros y en el caso de las
Masacres de Ituango, expresó su “adhesión [a la referida] solicitud de medidas
provisionales”, “en tanto la considera justa y oportuna”.
7.
El escrito presentado por el Estado el 31 de agosto de 2020, mediante el cual
remitió sus observaciones e información respecto a la referida solicitud de medidas
provisionales.
CONSIDERANDO QUE:
1.
La Corte emitió Sentencias en estos tres casos en los años 2006 y 2008 (supra
Visto 1), los cuales se encuentran en etapa de supervisión de cumplimiento de
Sentencia. En ellas, ordenó, entre otras reparaciones, que el Estado debía investigar,
juzgar y, en su caso sancionar a los responsables de los hechos que generaron las
violaciones en estos casos 7.
2.
En la presente Resolución, la Corte se pronunciará sobre la solicitud de
medidas provisionales presentada por la CCJ y CEJIL, “en calidad de representares
de las víctimas” (en adelante “los representantes”), y respecto de la cual el GIDH,
que también representa a víctimas en dos de estos tres casos, expresó su adhesión
(infra Considerandos 14 a 21). Los representantes solicitaron el otorgamiento de
medidas provisionales para proteger el “derecho al acceso a la justicia [de las
Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros, supra nota 1, párrs. 71 y 162.
Disponibles en: http://www.corteidh.or.cr/supervision_de_cumplimiento.cfm.
7
Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota, puntos resolutivos 7 y 8 y los párrafos 265
a 269 y 287; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota, punto resolutivo 15 y los párrafos 399 a 402,
y Caso Valle Jaramillo y otros, supra nota, punto resolutivo 14 y los párrafos 231 a 233.
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