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e)
en cuanto a la investigación de los hechos que motivan la adopción de
las medidas provisionales, la identificación de los responsables, y la imposición
de las sanciones correspondientes, incluyendo las administrativas y
disciplinarias:
i.
el 22 de febrero de 2006, con base en la inspección realizada por
la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y
Justicia, se conoció de ciertas irregularidades en el Internado, entre
otras, el manejo inadecuado de los alimentos, razón por la cual se
suspendió al Director del Internado, así como al Ecónomo y al
Administrador del Internado;
ii.
el Internado es permanentemente atendido por las Fiscalías
correspondientes, las que han practicado diversas diligencias, entre
ellas, visitas ordinarias y extraordinarias, y asistencia en lo referente a
motines y requisas realizadas intramuros, y
iii.
los hechos de violencia suscitados dentro del Internado motivaron
el inicio de averiguaciones penales tanto para internos como para los
funcionarios de custodia y seguridad, las cuales están en trámite.
4.
Las comunicaciones presentadas por los representantes de los beneficiarios el
17 de febrero de 2006, 18 de mayo de 2006, 30 de agosto de 2006, 29 de noviembre
de 2006, 21 de marzo de 2007, y 18 de mayo de 2007, mediante las cuales
manifestaron, inter alia, que:
a)
en cuanto a las medidas necesarias para evitar en forma eficiente y
definitiva la violencia en el Internado Judicial de Monagas (“La Pica”):
i.
a casi 3 años de haber sido declarada la emergencia carcelaria en
Venezuela, la grave situación de violencia y de inseguridad persiste en
este recinto y no existen avances en este punto, lo que implica que el
Estado no ha adoptado las medidas necesarias y adecuadas para
controlarla y superarla;
ii.
aún cuando el Estado ha implementado políticas para tratar de
cesar los hechos de violencia en el Internado, desde el mes de abril de
2006 hasta el 18 mayo de 2007 han muerto 21 internos y 9 han
resultado heridos;
iii.
si bien hubo un aumento del personal de custodia, el número de
funcionarios sigue estando por debajo de lo consagrado en las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, toda vez que éstas
establecen que debe haber un vigilante por cada 10 internos. Además, el
Estado señaló que 22 funcionarios ejercen la custodia interna en el
Internado. Sin embargo, en una visita practicada el 8 de mayo de 2007
se observó la presencia de tan sólo 6 funcionarios, lo cual claramente
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