-2desarrollo de una audiencia pública”. Adicionalmente, la Comisión manifestó no tener observaciones a las listas definitivas presentadas, pero solicitó formular preguntas a la perita Intina Reina López Pérez, ofrecida por el Estado. Ni el representante ni el Estado presentaron observaciones a las listas definitivas de declarantes. 3. El Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente” o “esta Presidencia”), en consulta con el Pleno del Tribunal, ha decidido que es necesario convocar a una audiencia pública durante la cual se recibirán las declaraciones que sean admitidas para tales efectos, así como los alegatos y observaciones finales orales de las partes y la Comisión Interamericana, respectivamente. 4. Esta Presidencia considera procedente recabar las declaraciones propuestas por el Estado de Eglee Sofía Toro Navas, Omar Roa Veliz, Carlos Alberto Álvarez, Pedro Contreras, Federico Fuenmayor e Intina Reina López Pérez, las cuales no fueron objetadas, a efecto de que el Tribunal aprecie su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente, y según las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, el Presidente admite las declaraciones antes señaladas, según el objeto y modalidad determinados en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 3). 5. Tomando en consideración lo anterior, a continuación, el Presidente examinará en forma particular a) la admisibilidad de la declaración pericial ofrecida por la Comisión y la solicitud de formular preguntas a una perita ofrecida por el Estado, y b) el requerimiento de prueba de oficio. A. Admisibilidad de la declaración pericial ofrecida por la Comisión y la solicitud de formular preguntas a una perita ofrecida por el Estado 6. La Comisión ofreció el peritaje de Pedro Salazar Ugarte 6, argumentando que se refiere a temas de orden público interamericano, pues permitirá a la Corte contar con elementos de información respecto de los estándares sobre derechos políticos aplicables en contiendas electorales. El Estado y el representante no se pronunciaron sobre el particular. 7. El Presidente procederá a analizar la admisibilidad del peritaje ofrecido por la Comisión, con fundamento en el artículo 35.1.f del Reglamento de la Corte 7, en donde se supedita el eventual ofrecimiento de peritos cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, lo cual corresponde a la Comisión sustentar 8. 6 Pedro Salazar Ugarte fue ofrecido para declarar sobre “las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos políticos. En particular, respecto a los estándares aplicables en el marco de contiendas electorales para garantizar el acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas en el contexto de procesos electorales y el pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos. Asimismo, el perito se referirá a los recursos que deben brindar los Estados frente a violaciones a los derechos políticos, particularmente respecto de garantizar de manera efectiva la imparcialidad de las autoridades que participan del control electoral de las elecciones. En la medida de lo pertinente, el perito se referirá a otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos y al derecho comparado. Para ejemplificar el desarrollo de su peritaje, el perito podrá referirse a los hechos del caso”. 7 El artículo 35.1.f del Reglamento establece lo siguiente: “1. El caso será sometido a la Corte mediante la presentación del informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención, que contenga todos los hechos supuestamente violatorios, inclusive la identificación de las presuntas víctimas. Para que el caso pueda ser examinado, la Corte deberá recibir la siguiente información: […] f. cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, la eventual designación de peritos, indicando el objeto de sus declaraciones y acompañando su hoja de vida”. Cfr. Caso Pedro Miguel Vera Vera y otros Vs. Ecuador. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de diciembre de 2010, Considerando 9, y Caso Da Silva y 8