7 10. Los escritos de observaciones presentados por la Comisión los días 28 de marzo, 1 de julio, 29 de agosto y 10 de noviembre de 2003 y 7 de enero de 2004, así como la información adicional presentada el 3 de abril de 2003, mediante los cuales indicó que los representantes consideraban que el Estado no estaba dando “cabal cumplimiento” a las medidas provisionales ordenadas por la Corte, por lo que elevó a consideración de ésta su pedido para la celebración de una audiencia pública. Al respecto, la Comisión señaló, inter alia, que: a) continúa el estricto control del ejército en el casco urbano de San José de Apartadó, la detención y tortura de campesinos de la zona acusados de guerrilleros, los actos de intimidación y el chantaje a testigos por parte de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, las amenazas a los miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, el desplazamiento forzado de familias, los retenes y el control paramilitar en la carretera y en la terminal de Apartadó y el robo de los bienes de los miembros de la Comunidad. Asimismo, reportaron la muerte de la niña Mileydy Dayana David Tuberquia en manos del Ejército Nacional, las nuevas amenazas y hostigamientos realizados a las señora Francia Elena Tamayo, la detención de los señores Emilio Osorno y Myriam Tuberquia, los saqueos en la finca del señor Gerardo Tabares y los bombardeos en las veredas Mulatos Cabecera, Mulatos Medio y Las Nueves del corregimiento de San José y otros municipios; b) no se ha avanzado en la evaluación de la Comisión de Impulso de las Investigaciones que adelantan la Procuraduría y la Fiscalía, a pesar de las solicitudes realizadas por los miembros de la Comunidad de Paz ante la Oficina de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Vicepresidencia de la República y el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y c) el 30 de julio de 2003 se llevó a cabo una reunión entre los representantes y los delegados del Estado, en la cual asumieron diversos compromisos, tales como, una visita mensual alternada entre la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior a la Comunidad de Paz, una reunión con las entidades responsables de dar cumplimiento a las medidas provisionales cada dos meses, la revisión de los sistemas de comunicación de la Comunidad de Paz y evaluación de su rendimiento, y el envío de un funcionario de la Procuraduría General de la Nación al caserío de San José durante un período determinado. 11. El informe presentado por el Estado el 26 de enero de 2004, mediante el cual remitió una lista de diecisiete investigaciones por distintos hechos denunciados contra los miembros de la Comunidad de Paz. El Estado señaló que existen dificultades e inconvenientes para el avance de las investigaciones en curso, ya que no se cuenta con la “más mínima colaboración” por parte del Consejo Interno de la Comunidad de Paz para la ubicación de testigos y declaración de los miembros de dicha Comunidad en los casos concretos, y los testigos y declarantes no acuden al llamado que se les hace a través de los distintos medios radiales de la región.