5 de octubre de 2005” y resaltó que “el señor Valencia era uno de los candidatos a asumir la representación legal del Consejo Mayor del Curbaradó”. Por ello, consideró que resulta importante que el Estado se pronuncie sobre esos hechos y sobre las alegaciones respecto de la supuesta responsabilidad de sus agentes, a la luz de la obligación de protección de los miembros de las Comunidades; b) el relato de testigos de la detención del señor Valencia, “que sirvió de preludio a su secuestro y asesinato por parte de un grupo paramilitar”, indicó que éste habría sido interrogado y hostigado por la Policía de Belén de Bajirá con relación a su participación en la denuncia de la siembra ilegal de palma africana, razón por la cual corresponde llamar la atención sobre el incumplimiento por el Estado de la obligación protección a las personas que han denunciado el cultivo ilegal de palma africana. Reiteró su postura respecto de la relación existente entre la siembra de la palma en el territorio colectivo de los beneficiarios y los actos de amenaza, hostigamiento y violencia por ellos padecidos; c) los mecanismos de protección giran en torno a un sistema de alertas y reacción inmediata el cual depende de componentes tales como la asignación de medios de comunicación satelital, obligación que no ha sido atendida por el Estado con la eficacia requerida a la luz de la situación de las Comunidades; d) el Estado no hizo referencia alguna en su informe a la presencia de órganos de control, tales como la Procuraduría General de la Nación ni al nombramiento de un Defensor Comunitario permanente en la zona de las Comunidades; e) el Estado no se refiere a la protección especial de las zonas humanitarias de refugio. Al respecto, la Comisión fue informada de que en octubre de 2005 se habrían registrado incursiones de miembros del ejército acompañados de civiles, en las zonas humanitarias, y que se procedió al robo de ganado y a la destrucción de demarcaciones, situación que preocupa a la Comisión dada su incompatibilidad con las obligaciones de protección del Estado en el presente caso; f) en su informe el Estado hizo referencia a una serie de actividades relacionadas con la provisión de ayuda humanitaria; sin embargo, no aclaró si estas actividades se relacionan directamente con las obligaciones de adoptar medidas específicas destinadas a promover el regreso de los desplazados, y tampoco si dichas actividades han incluido a la población que se encuentra en las zonas humanitarias, y g) el Estado debe informar sobre las medidas adoptadas a fin de trasladar de la jurisdicción penal militar a la justicia ordinaria la causa que investiga la muerte del señor Pedro Murillo y encontrar el destino de sus restos. 19. El escrito del Estado recibido el 2 de enero de 2006, en el que manifestó, inter alia, que: a) el Procurador General de la Nación dispuso que el Ministerio de Defensa, el Comandante General de las Fuerzas Militares y las autoridades civiles del Bajo, Medio y Alto Atrato, debían disponer y ejecutar, en forma urgente, un plan de seguridad para enfrentar el peligro en que se encuentran las Comunidades de esas zonas; b) la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional han coordinado el proceso de regreso de 300 familias a la cuenca del río Curbaradó, ha brindado acompañamiento y apoyo, y ha entregado alimentos a esas familias; c) entre el 9 y el 11 de diciembre de 2005 el Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia desarrolló una Jornada Interinstitucional que tuvo como fin llevar asistencia médica y alimentaria a las comunidades de la cuenca del río Jiguamiandó, pero dichas Comunidades no aceptaron recibir la atención; d) el 3 de septiembre de 2005 se intentó entregar tres teléfonos satelitales destinados a las comunidades de Bella Flor, Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza; sin embargo, los representantes optaron por no recibirlos; e) se han realizado periódicamente reuniones de seguimiento en las que han participado los beneficiarios de las medidas, así como visitas a la zona de las Comunidades;