17 víctima23 Fue asesor de la Iglesia Católica en Guatemala para establecer oficinas de derechos humanos en ese país. El 31 de marzo de 1999 contrajo matrimonio con Maritza y actualmente viven en Holanda junto con el hijo del primer matrimonio de Maritza, Fernando Sebastián Barrientos Urrutia. En julio de 1992 trabajaba como asesor legal de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y fue el abogado principal que ayudó a la familia Urrutia durante la búsqueda de Maritza y después de que apareció el 30 de julio de 1992. El viernes 24 de julio 1992, el hermano de Maritza, Edmundo Urrutia, llegó a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) a solicitar ayuda. Junto con otro miembro de la oficina, escribió una petición de hábeas corpus que fue enviada por fax a la Corte Suprema de Guatemala ese mismo día de la que nunca recibió respuesta. Vio a Maritza por primera vez cuando entró a un cuarto donde iba a comenzar la conferencia de prensa, en la oficina del Ministerio Público, y tuvo la impresión de que era una mujer que estaba sufriendo de estrés severo y agotamiento. Después de la conferencia de prensa, su compañero y él regresaron al Arzobispado, y luego llegaron Maritza, su hermano y su padre. Después comenzaron a realizar gestiones para que Maritza y su hijo pudieran salir del país. Durante todos estos días Maritza lloraba mucho, se le veía muy afectada. El temor que ella y su familia expresaban no sólo era legítimo, sino absolutamente normal. Según su experiencia, las personas secuestradas en Guatemala generalmente no aparecían, y nunca se sabía de ellas. En 1994 estudió las complejidades políticas en el caso de Maritza, como tesis de grado para la maestría que realizaba. Para ello entrevistó a representantes del Gobierno guatemalteco de 1992, a miembros de la insurgencia guatemalteca, miembros del Ejército de Guatemala y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y a representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que participaron en la campaña para tratar de obtener la liberación de Maritza. Por ejemplo, sostuvo conversaciones con el ex-Presidente de la República, Jorge Serrano Elías, con el Procurador de la Nación, Acisclo Valladares Molina, con la jueza que le otorgó la amnistía a Maritza, licenciada Secaira, y con el Procurador de los Derechos Humanos en 1992, Ramiro de León Carpio. La información que recibió en dichas entrevistas fue contradictoria en varios casos y, en general, pudo determinar que no se había hecho nada para clarificar el caso. También tuvo acceso al expediente número 2038 del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal en Guatemala. Allí pudo leer un informe de 24 de julio de 1992, de Héctor Arnoldo Medrano Contreras, segundo jefe del Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional de Guatemala, y subcomisario de policía, dirigido al Juez Octavo de Paz Penal. Dicho informe trataba de la investigación de la policía por el secuestro de Maritza Urrutia y la entrevista que sostuvo previamente la policía con Edmundo Urrutia. El informe dice “que 23 Rindió declaración testimonial sobre las gestiones realizadas con el fin de localizar a la Maritza Urrutia y sacarla del país así como los procesos judiciales posteriores a su liberación, y sobre las secuelas psicológicas de los traumas sufridos por aquélla entre otros antecedentes relacionados con el caso.