89 considera que esta violación de derechos humanos es ejemplo y consecuencia del pernicioso discurso que, en los años de enfrentamiento armado interno, identificó como enemigos del Estado a los desplazados internos y a intelectuales que abordaron el estudio de su problema. La CEH considera que quienes decidieron asesinar a Myrna Mack pretendieron, además, sobre la base de una apreciación errónea de inteligencia sobre el papel de la profesional y su actividad antropológica, enviar un mensaje intimidatorio, en general, a las comunidades de desplazados y, en particular, a las instituciones y personas preocupadas por sus condiciones de vida236. 145. La segunda fase de la operación de inteligencia militar consistió en vigilar, seguir y ejecutar extrajudicialmente a la víctima por un grupo de especialistas del Estado Mayor Presidencial (supra párrs. 134.3, 134.4, 134.6, 134.10 y 134.11). La ejecución de Myrna Mack Chang no fue una acción aislada llevada a cabo por el especialista del Estado Mayor Presidencial Noel de Jesús Beteta Alvarez, sino que obedeció a una cuidadosa operación elaborada por el alto mando de este organismo y cuya ejecución material correspondió al Sargento Beteta Alvarez (supra párrs. 134.5 y 134.22). En este sentido, Noel de Jesús Beteta Alvarez manifestó, en relación con el modus operandi utilizado por el Estado Mayor Presidencial, que: [e]ste tipo de misiones de asesinatos no es muy a menudo, depende de la situación, pero en aquella época sí había mucho trabajo. Creo tal vez tenía unas treinta misiones de asesinato, esas sólo para mí. Aparte estaba el resto de las personas del grupo, así que la cuenta es veinte por treinta. Unas seiscientas al año sólo esa oficina (EMP). En el caso de Myrna me pasaron el file, lo analicé y lo estudié y comencé la vigilancia. Las misiones de este tipo no se tardan como mucho ni quince días desde que le ponemos el ojo hasta el momento de la ejecución. No rendimos un parte hasta que la misión está terminada. Una vez terminada esa misión, trituré el expediente, lo quemé y ya no volví a hablar del tema con nadie en la oficina. Todos mis reportes eran verbales al jefe Juan Valencia Osorio. Allí también venía la forma de eliminarla para que la gente pensara que se trataba de delincuencia común. Después trataron de eliminarme físicamente e incluso vigilaron la casa gente armada y llegaron a preguntar por mí. Estoy seguro de que Juan Valencia Osorio mandó matarme. Por eso me fui del país. Cuando ya estuve preso no me hablaron ni me hicieron llegar ningún mensaje. Cuando mi madre me dijo que llegaban a la casa entendí el mensaje237. 146. Al respecto, el Informe de la CEH señaló que: [l]a mayor parte de las violaciones de los derechos humanos se produjo con conocimiento o por orden de las más altas autoridades del Estado. Evidencias de diversa procedencia (declaraciones de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, documentación desclasificada, datos de varias organizaciones, testimonios de personalidades guatemaltecas) concuerdan en que los servicios de Inteligencia del Ejército, especialmente la G-2 y el Estado Mayor Presidencial, obtenían información sobre toda clase de personas y organizaciones civiles, evaluaban el comportamiento de éstas en sus respectivos campos de actividad, elaboraban las listas de los que debían ser reprimidos por su carácter supuestamente subversivo y 236 Cfr. informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, “Guatemala, memoria del silencio” de junio de 1999, tomo VI, páginas 243 a 244 (expediente de anexos a la demanda, anexo 42, folios 792 a 793). 237 Cfr. informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, “Guatemala: Nunca Más: los mecanismos del horror”, tomo II, página 190; y transcripciones de las entrevistas realizadas a Noel de Jesús Beteta Alvarez (expediente de anexos a la demanda, anexo 52.2, folios 1152 a 1259)